El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), Julio Salinas López, informó que el organismo se suma al posicionamiento presentado por productores agrícolas de zonas áridas y semiáridas del país, así como de la zona costa de Baja California, ante el dictamen de la nueva Ley General de Aguas, actualmente en proceso legislativo.

Señaló que la postura empresarial coincide en la necesidad de establecer criterios jurídicos y operativos que preserven la continuidad productiva en regiones donde el agua es determinante para la actividad económica.

El dirigente indicó que los planteamientos expuestos en el documento advierten que el marco propuesto contiene disposiciones que generan incertidumbre para los usuarios. Entre ellas, destacó la figura de negativa ficta, la cual se aplicaría automáticamente en trámites no resueltos en el plazo legal. Los productores sostienen que esta medida puede paralizar operaciones esenciales, como prórrogas, relocalizaciones o cambios de uso.

Salinas López subrayó que otro punto señalado es la persecución penal de oficio en casos donde existan errores técnicos o administrativos relacionados con infraestructura o cauces. Los productores argumentan que esta disposición puede convertir operaciones legítimas en procesos judiciales, por lo que solicitan que la vía penal se limite únicamente a conductas dolosas o con daño ambiental comprobado.

El presidente del CCEE expuso que el posicionamiento también advierte que el dictamen otorga a la autoridad amplios márgenes de discrecionalidad para suspender volúmenes o negar prórrogas sin criterios técnicos definidos ni validación de los usuarios. Señaló que el uso de conceptos amplios, como “responsabilidad hídrica” o “disponibilidad”, puede derivar en decisiones sin sustento verificable.

Añadió que los productores plantean que los estudios técnicos relacionados con disponibilidad y calidad del agua puedan ser certificados por organismos independientes, y no exclusivamente por entidades gubernamentales. Consideran que la exclusividad oficial genera un escenario donde la autoridad funge como juez y parte en la verificación.

Salinas López explicó que el documento también destaca el papel de las Unidades de Riego como actores técnicos en la gestión del recurso, por lo que solicitan que la legislación reconozca su función, promueva incentivos al reúso y les otorgue participación en zonas sobreexplotadas, con criterios diferenciados por región.

Uno de los temas centrales, afirmó, es la sucesión hídrica. Los productores advierten que la extinción automática de concesiones ante el fallecimiento del titular rompe el vínculo entre el agua y el predio, generando inseguridad jurídica y afectando inversiones de largo plazo. Plantean restablecer la transmisión automática de derechos vinculados a la tierra para evitar pérdida de volumen y garantizar continuidad operativa.

Subrayó que el documento también cuestiona la rapidez con la que el dictamen ha sido modificado, registrando más de 50 cambios en menos de una semana. Los productores sostienen que este ritmo limita la revisión técnica, fragmenta la relación entre usos del agua y dificulta la planeación en cuencas con condiciones particulares. Proponen suspender la discusión final hasta consolidar un texto integral.

El análisis advierte además que el dictamen establece un régimen uniforme para descargas rurales, sin diferenciar escalas, actividades o impactos. Los productores mencionan que exigir los mismos requisitos a microempresas rurales y a grandes industrias puede desincentivar la formalización, incrementar costos regulatorios y frenar prácticas de reúso adaptadas a zonas áridas. Solicitan incorporar alternativas técnicas locales y permitir certificaciones por laboratorios independientes acreditados.

Salinas López señaló que otro aspecto ausente en el dictamen es el reconocimiento de la desalación y el reúso como componentes estratégicos para la seguridad hídrica en regiones áridas. Indicó que la ley no define mecanismos para integrar proyectos de desalación a los esquemas de oferta, ni contempla incentivos para el reúso agrícola en zonas con sobreexplotación de acuíferos. Explicó que la falta de lineamientos técnicos sobre infraestructura desaladora, inyección de agua tratada o esquemas de mezcla para uso agrícola limita la capacidad de los productores para adaptarse a escenarios de estrés hídrico y restringe opciones de mitigación frente al cambio climático.

Otro punto relevante, agregó, es la propuesta de eliminar transmisiones definitivas, parciales o temporales entre particulares. Los productores argumentan que estas prácticas permiten enfrentar emergencias, fallas técnicas o ajustes de cultivo, y que su eliminación provocaría desperdicio de volúmenes no utilizados. Plantean restablecerlas bajo validación comunitaria o de Consejos de Cuenca.

El presidente del CCEE afirmó que el organismo coincide con la necesidad de un proceso legislativo que incorpore criterios técnicos verificables, participación regional y mecanismos claros para la operación cotidiana en entornos agrícolas. Señaló que el CCEE mantendrá comunicación con productores locales y organismos nacionales para dar seguimiento al dictamen y participar en la construcción de soluciones que garanticen operación productiva con certidumbre jurídica.

Salinas López reiteró que la postura empresarial respalda la propuesta de revisar el dictamen antes de su aprobación definitiva, a fin de evitar afectaciones en regiones agrícolas de Baja California y en otras zonas donde el agua es un recurso determinante para la continuidad económica.