La compleja dinámica migratoria en Baja California, ha generado un escenario crítico para miles de personas en movilidad que desaparecen sin que exista un registro claro, seguimiento adecuado o coordinación institucional que permita prevenir estos casos.

De acuerdo con Renata Demichelis Ávila, directora para México de Elementa Derechos Humanos, la falta de comunicación entre autoridades migratorias de México y Estados Unidos es uno de los principales factores que permiten que migrantes, tanto mexicanos como extranjeros, desaparezcan tras ser deportados o devueltos bajo la figura de “retorno voluntario”. En muchos casos, relata, estas personas son simplemente abandonadas en la garita sin que ninguna institución mexicana tome registro o brinde acompañamiento básico.

“Estados Unidos ve el proceso como un trámite unilateral, yo te expulso, y no importa qué ocurra del otro lado”, explica Demichelis. La ausencia de controles mínimos provoca que los migrantes queden incomunicados, sin redes de apoyo y sin certeza de cuándo cruzaron o dónde fueron dejados; situación que los vuelve extremadamente vulnerables.

A esto se suma un problema estructural dentro de las instituciones mexicanas. Elementa ha documentado que la Fiscalía de Baja California mantiene un grave rezago y opacidad en la entrega de información pública sobre carpetas de investigación por desaparición. Aunque en 2021 se estimaban alrededor de 10 mil personas desaparecidas, la cifra aumentó a más de 12 mil y, los datos más actualizados que datan de  2023, la organización registró 17,306 carpetas abiertas relacionadas con desaparición.

Sin embargo, estas carpetas no distinguen entre víctimas locales, personas en tránsito o migrantes deportados. “No hay un dato específico de cuántas de estas carpetas corresponden a migrantes desaparecidos”, advierte Demichelis. La ausencia de clasificación por origen, aunada a que muchos migrantes no cuentan con familiares que interpongan denuncias, genera un subregistro profundo.

La directora señala que la Fiscalía, pese a tener la obligación legal, ha dejado de enviar información completa al Registro Nacional de Personas Desaparecidas. En 2023, solo remitió tres actualizaciones y con muy pocas carpetas, incumpliendo así con la transparencia y dificultando cualquier análisis real sobre la magnitud del problema.

Ante esta omisión institucional, los colectivos de búsqueda, principalmente los encabezados por madres de personas desaparecidas, han asumido un rol central. “Son ellas quienes trabajan más, quienes buscan, quienes presionan y quienes sostienen los esfuerzos que deberían encabezar las autoridades”, afirma.

Demichelis considera que el Estado de Baja California tiene una deuda urgente con las personas en movilidad que transitan por la entidad o son deportadas hacia ella. “Es un grupo extremadamente vulnerable, sin redes de apoyo y sin mecanismos de prevención. No se observa que existan medidas específicas orientadas a ellos”.