El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Mexicali, Octavio Sandoval López, cuestionó la reciente inhabilitación impuesta al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, quien no podrá ocupar cargos públicos durante los próximos tres años por abuso de funciones.

Sandoval López calificó la sanción como un acto de “justicia selectiva”, al considerar que el proceso parece centrarse únicamente en ciertos personajes y no en todos los responsables de las decisiones que afectaron al Estado durante aquella administración.

“Independientemente de que el señor haya sido inhabilitado, los términos me parecen de una justicia selectiva, porque sólo se está enfocando en ciertos personajes. Es un reflejo de las divisiones en su estructura y en su movimiento”, señaló.

El dirigente empresarial afirmó que tanto el PAN como el PRI, incluso en una situación similar, no habrían tomado esa clase de medidas contra Bonilla, por lo que insistió en la necesidad de que se aclaren completamente los motivos de la sanción, incluido el caso de la planta fotovoltaica, uno de los proyectos más controvertidos del exgobernador.

Sandoval sostuvo que la inhabilitación “es un castigo menor” y que, en términos prácticos, tiene más implicaciones políticas que legales.

“El castigo de la inhabilitación es eminentemente político. No es propiamente penal; Si el señor cometió un delito y el Estado tuvo una afectación económica, debe hacer la reparación. La inhabilitación es insuficiente”, afirmó.

Explicó que toda inhabilitación debe estar acompañada de una reparación del daño al Estado, generalmente mediante multas, pagos al erario o procesos penales que podrían implicar incluso privación de la libertad, dependiendo de la gravedad del caso.

“Es que no solamente está la inhabilitación, siempre va emparejada con una reparación del daño. La inhabilitación sola no tiene mayor consecuencia, salvo para quienes buscan competir políticamente”, añadió.

Sandoval advirtió que si Bonilla logra revertir la sanción en tribunales, la medida podría quedar únicamente como un episodio de confrontación política.

“Se corre el riesgo de caer en el ridículo. Si él les tumba esa inhabilitación, esa ganancia se queda en el espectáculo político, en una medición de fuerzas”, expuso.

Finalmente, el presidente del CCE Mexicali insistió en que debe aplicarse una justicia integral y pareja, no solo para Bonilla, sino también para los funcionarios involucrados en decisiones que, según denuncias oficiales, generaron daños al Estado.

“El mismo trato que le están dando a los banqueros que intervinieron en el fideicomiso debe recibirlo cualquier servidor público que haya cometido un acto ilegal. Es el mismo delito”, concluyó.