El Pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad la iniciativa del diputado Juan Manuel Molina García, mediante la cual se establecen penas de 1 a 7 años de prisión para quien, dolosamente y sin derecho, retire, destruya o altere catalizadores automotrices, considerados dispositivos esenciales para el control de emisiones contaminantes.

La reforma también contempla sanciones de 1 a 3 años de prisión para quienes manejen catalizadores usados como residuos sin contar con autorización de la autoridad ambiental competente.

Molina García señaló que el robo y manipulación de catalizadores se ha convertido en una problemática en aumento que impacta tanto a los propietarios de vehículos como al medio ambiente.

“Ya no solo se trata del robo de una parte del vehículo, sino de un delito ambiental”, advirtió el legislador.

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Explicó que al retirar un catalizador, el ladrón convierte al automóvil en una fuente móvil emisora de contaminantes, pues este componente tiene la función de reducir los gases nocivos que genera el motor.

“En el momento en que retiras el catalizador de un vehículo, que es un mecanismo de control de emisiones al ambiente, estás convirtiendo esa unidad en un vehículo contaminante. La posible penalidad ahora es más alta”, señaló.

La iniciativa establece penas adicionales para quienes manejen, distribuyan, reciban o vendan estos dispositivos sin autorización.

Molina García detalló que, debido a su alto costo, muchas personas optan por sustituir el catalizador robado con tubería improvisada, lo que incrementa las emisiones contaminantes del vehículo.

“No se había encontrado la forma de sancionar con mayor severidad a quienes en 20 minutos te despojan de este elemento. Ahora se establece un castigo más fuerte para inhibir esta práctica”, afirmó.

Con la aprobación de estas reformas, el Congreso busca frenar el robo de catalizadores y, al mismo tiempo, fortalecer la protección ambiental en Baja California.