El Cabildo del XXV Ayuntamiento de Tijuana aprobó por mayoría la suscripción de un convenio de colaboración con el Gobierno de Baja California para apoyar en el cobro del impuesto predial y sus accesorios, en una sesión en la que regidores fijaron posiciones a favor y en contra de la medida, argumentando desde beneficios recaudatorios hasta riesgos para la autonomía municipal.

Durante la presentación del punto de acuerdo, se detalló que el convenio permitirá coordinación administrativa entre el municipio y el Estado en materia fiscal, así como la posibilidad de que el Gobierno estatal participe en procesos de recuperación de cuentas vencidas. La votación registró posiciones divididas y razonamientos tanto de respaldo como de rechazo.

Entre quienes se manifestaron a favor, regidores destacaron que el acuerdo abrirá la posibilidad de intercambio de información fiscal, modelos de cobranza conjunta y acceso a incentivos por eficiencia recaudatoria. Señalaron que Tijuana arrastra históricas carteras vencidas y que esta colaboración puede mejorar la recuperación de ingresos municipales, observándose incluso un crecimiento potencial de hasta ocho puntos porcentuales en recaudación durante los próximos años. También se afirmó que el convenio facilitará mayor transparencia, modernización de servicios y ampliación de puntos de pago para la ciudadanía. Algunos regidores indicaron que la medida permitirá al municipio acceder a recursos adicionales, estimados en alrededor de 184 a 200 millones de pesos anuales derivados del Fondo de Fomento Municipal.

Otro grupo de regidores expuso argumentos en contra, advirtiendo que la firma del convenio representa una pérdida de autonomía financiera al permitir que el Gobierno del Estado realice funciones que corresponden exclusivamente al municipio, como el cobro del predial. Señalaron contradicciones en la documentación entregada, especialmente en torno al anexo A mencionado pero no presentado y afirmaron que esto genera dudas sobre el alcance real del acuerdo. También expresaron preocupación por la posibilidad de que el Estado cobre directamente el predial, que reciba el 2.5% de los ingresos recaudados y que pueda ejecutar actos como embargos sin participación del Ayuntamiento. Subrayaron que Tijuana cuenta con capacidad propia y que debería apostarse por modernizar su catastro, fortalecer sistemas de cobro y ampliar su base gravable sin ceder facultades.

En diversas intervenciones se mencionó que el convenio generó opiniones divididas dentro del propio Cabildo, pero que su aprobación permitirá continuar con los procesos administrativos necesarios para su formalización. La sesión concluyó con la validación del acuerdo por mayoría y su remisión para publicación correspondiente en los órganos oficiales del municipio y del Estado.