El Congreso del Estado de Baja California dio luz verde a una nueva Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, un ordenamiento que moderniza las reglas para la planeación, ejercicio y control de los recursos públicos en la entidad y sus municipios.

El dictamen, aprobado por unanimidad durante una sesión extraordinaria del pleno, deriva de una iniciativa presentada por la diputada Julia Andrea González Quiroz y representa un cambio de fondo en el marco jurídico hacendario estatal. Con su entrada en vigor, quedará abrogada la actual Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público, dando paso a normas alineadas con los principios constitucionales en materia financiera.

La nueva legislación establece criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera, con el objetivo de asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Entre sus alcances se encuentran la regulación de la programación y presupuestación del gasto, así como mecanismos de control, evaluación y rendición de cuentas sobre los ingresos y egresos del Estado y los ayuntamientos.

Uno de los aspectos destacados del dictamen es la incorporación obligatoria de lenguaje incluyente y no sexista, en concordancia con la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Este enfoque busca promover la igualdad sustantiva, visibilizar a las mujeres y prevenir cualquier forma de discriminación o violencia desde la redacción normativa.

La ley quedó integrada por 125 artículos distribuidos en diez títulos, además de capítulos específicos y cuatro artículos transitorios. Su construcción fue resultado de un trabajo conjunto entre diversas fuerzas políticas, con aportaciones de las diputadas Alejandra Ang, Alejandrina Corral, Michelle Tejeda y Liliana Michel Sánchez, así como del diputado Ramón Vázquez.

Desde tribuna, la diputada Julia González calificó la aprobación como un hecho histórico, al destacar la capacidad de consenso entre los distintos grupos parlamentarios. Subrayó que la nueva norma fortalece las capacidades financieras de los municipios, mejora la coordinación entre poderes y refuerza la transparencia, sin menoscabar la autonomía institucional.

El ordenamiento incorpora elementos como la disciplina financiera, el balance presupuestal sostenible, techos de gasto, programación multianual y anexos transversales con perspectiva de género y de derechos humanos, además de disposiciones claras sobre responsabilidad hacendaria.

La legisladora también reconoció el trabajo técnico realizado por la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de Hacienda y la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso, cuya labor permitió consolidar una ley que, afirmó, brindará mayor certeza jurídica al Estado en materia financiera.

El dictamen fue aprobado con 18 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, e incluyó una reserva presentada por el diputado Jaime Cantón durante la misma sesión.