Diversos corporativos funerarios de Tijuana realizaron una manifestación pacífica en la tercera etapa del Río Tijuana, frente a la glorieta del Templo Mormón, para denunciar presuntas malas prácticas en el proceso de liberación de cuerpos por parte de la Fiscalía General del Estado, situación que, aseguran, afecta tanto a las empresas del sector como a las familias de personas fallecidas.

De acuerdo con los manifestantes, la Fiscalía estaría condicionando la entrega de los cuerpos a que estos sean trasladados a una funeraria privada en específico, lo que, de no cumplirse, genera retrasos o incluso la negativa en la liberación, aun cuando se trate de muertes naturales debidamente certificadas por médicos con facultades legales.

Representantes de funerarias con hasta 20 años de trayectoria señalaron que anteriormente el procedimiento permitía que, tras la certificación médica, los cuerpos fueran retirados directamente por la funeraria elegida por la familia, sin intervención de la autoridad. Sin embargo, denunciaron que ahora se les obliga a pasar por un “filtro” privado, desde donde se emiten las cédulas necesarias para continuar con el trámite.

Indicaron que esta nueva modalidad ha derivado en la pérdida de clientes históricos, ya que las familias ingresan a dialogar a las oficinas de dicha casa funeral privada y posteriormente ya no regresan con la funeraria que originalmente habían contratado, lo que consideran una práctica de competencia desleal y una vulneración al derecho de libre elección.

Los inconformes también señalaron que hospitales y clínicas fueron los primeros en manifestar su desacuerdo con esta decisión, debido al rezago de cuerpos en sus instalaciones, ya que no cuentan con el espacio suficiente para resguardarlos durante periodos prolongados. Aseguraron que estos centros médicos ya certifican las muertes y requieren que los cuerpos sean retirados con prontitud.

Finalmente, los manifestantes acusaron que la Fiscalía, al no contar con infraestructura propia para el manejo de cuerpos, habría delegado estas funciones a un particular, otorgándole atribuciones que, aseguran, corresponden exclusivamente a la autoridad, por lo que exigieron una revisión inmediata del procedimiento y respeto a los derechos de las familias y del sector funerario.