Luego de que en redes sociales se difundiera un video en el que un influencer de la ciudad exhibe a dos policías municipales de Tijuana presuntamente involucrados en actos de robo, el secretario general del Partido Acción Nacional (PAN) en Tijuana, Hassan Franco, aseguró que el caso puso sobre la mesa una problemática que desde hace años ha minado la confianza ciudadana en la corporación municipal.

Franco sostuvo que lo novedoso del caso no fue la conducta en sí, sino que se hiciera pública y se denunciara. “Ha sido un secreto a voces que ciertos sectores de la policía municipal actúan de esa forma, y ese es el principal motivo por el que los tijuanenses no confían en su policía”, señaló.

Respecto a que los oficiales involucrados acudieron a la fiscalía para presentar una denuncia por difamación, el panista fue enfático al aclarar que la difamación ya no existe como delito penal, por lo que consideró improcedente ese recurso legal. Añadió que, de sentirse afectados, existen otras vías jurídicas, pero no esa figura.

Franco subrayó que este tipo de episodios dejan en evidencia que los mecanismos de control y confianza implementados por el ayuntamiento no han funcionado, pues las conductas señaladas continúan repitiéndose. “Seguimos desconfiando de quienes deberían brindar seguridad y ser los primeros respondientes”, afirmó.

Ante las preguntas sobre la frecuencia de este tipo de hechos y la dificultad para comprobarlos, explicó que la integración de pruebas corresponde exclusivamente a la carpeta de investigación, cuyos detalles son reservados. No obstante, reconoció que las extorsiones y abusos rara vez se denuncian, debido a que los procesos ante la fiscalía o sindicatura suelen ser largos, burocráticos y poco accesibles para los ciudadanos.

“El tijuanense está preocupado por llevar el sustento a su casa. Por 400 o 500 pesos muchas veces no conviene pasar horas intentando levantar una denuncia”, expresó Franco, al describir el desánimo social frente a las instituciones.

Reiteró que figuras como la difamación fueron derogadas hace años y que cualquier acusación por falso testimonio dependerá de cómo se integre la carpeta correspondiente, dejando en claro que el fondo del problema sigue siendo la falta de confianza ciudadana en la policía municipal.