Un aumento de la informalidad en el sector agrícola, así como en los costos laborales, fue advertida por el presidente del Consejo Agrícola de Baja California, Walberto Solorio Meza.

El dirigente agrícola sostuvo que esta situación se genera ante la falta de alternativas para mantenerse en la formalidad, lo que genera competencia desigual entre empresas que cumplen con obligaciones laborales y fiscales y aquellas que no lo hacen, impactando al campo y toda la planta productiva, incluidos comercio, industria y servicios.

Acerca del Impuesto Sobre Nómina (4.25 por ciento), el más alto del país, -dijo- frena la competitividad regional y pone en riesgo la permanencia de fuentes de empleo. 

Añadió que, en conjunto con aumentos acumulados del salario mínimo superiores al 100 por ciento en los últimos años, los costos laborales se han incrementado entre 15 y 20 puntos porcentuales, presionando la operación de las empresas formales.

En ese marco, el Consejo Agrícola de Baja California y Coparmex Ensenada firmaron un convenio de colaboración orientado a coordinar agendas estatales y nacionales frente al contexto económico, laboral y fiscal que enfrenta la región, con el objetivo de incidir en decisiones públicas que impactan el empleo formal y la competitividad.

El presidente del CABC señaló que el sector agrícola y agroindustrial del estado concentra más de 120 mil empleos formales, intensivos en mano de obra, directamente vinculados a condiciones laborales y fiscales.

Por su parte, Alberto Muñoz, presidente de Coparmex Ensenada, señaló que el convenio permitirá coordinar agendas, compartir información técnica y presentar propuestas conjuntas ante instancias estatales y federales. Destacó que Coparmex cuenta con presencia en más de 70 centros empresariales en el país, lo que facilita la incidencia en temas de alcance nacional.

Muñoz explicó que Coparmex ha planteado una reducción del impuesto sobre nómina al 3 por ciento, propuesta que, de acuerdo con evaluaciones del organismo, podría traducirse en una captación de inversión nueva de entre 15 y 20 por ciento, la generación potencial de 80 mil a 100 mil empleos, la atracción de 25 a 35 nuevos proyectos industriales y un impacto acumulado en el PIB estatal de entre 8 y 10 por ciento.

El dirigente empresarial subrayó que el actual entorno no es propicio para sumar nuevas cargas fiscales, en un contexto marcado por reformas laborales en proceso, como la reducción de la jornada laboral, la Ley Silla y otros ajustes regulatorios que requieren adaptación por parte de las empresas.

Ambos presidentes coincidieron en que la agenda conjunta incluirá, además del tema fiscal, la revisión de reformas laborales, la certificación agroexportadora en sectores como aguacate, berries y tomate, la negociación del T-MEC y la implementación de la Ley de Aguas Nacionales, particularmente en lo relacionado con concesiones, transmisión de derechos y condiciones específicas de la zona costa.