El Congreso de Baja California aprobó los presupuestos de egresos que ejercerán en 2026 los órganos constitucionales autónomos y el Poder Judicial, una decisión que define las prioridades institucionales en materia de justicia, derechos humanos, legalidad electoral y procuración de justicia.

Con la aprobación de seis dictámenes, las y los diputados avalaron los recursos que permitirán la operación de instancias fundamentales para el equilibrio democrático y el Estado de derecho en la entidad. Entre los montos más relevantes destaca el presupuesto asignado a la Fiscalía General del Estado, que contará con poco más de 3 mil millones de pesos, orientados a fortalecer la investigación de delitos, la persecución penal y la atención integral a víctimas.

El Poder Judicial del Estado ejercerá en 2026 un presupuesto superior a los 2 mil 115 millones de pesos, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia en todas sus materias, respaldando la labor del Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura y los juzgados de primera instancia en todo el territorio estatal.

En el ámbito electoral, el Instituto Estatal Electoral de Baja California dispondrá de 304 millones de pesos, recursos destinados tanto a la organización de procesos electorales como al fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana, en un contexto donde la confianza en las instituciones cobra especial relevancia.

Por su parte, el Tribunal de Justicia Electoral del Estado recibió la aprobación de un presupuesto cercano a los 46 millones de pesos, enfocado en la resolución de controversias electorales y en la consolidación de la legalidad democrática.

La agenda de derechos humanos también fue considerada, con un presupuesto de 55 millones de pesos para la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que continuará con labores de defensa, atención y promoción de garantías fundamentales. En tanto, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa ejercerá más de 115 millones de pesos, con la meta de avanzar hacia una justicia administrativa más eficiente, moderna y con mayores herramientas digitales.

La asignación de estos recursos busca dar certeza financiera a instituciones clave del entramado público estatal, en un momento donde la exigencia ciudadana por transparencia, combate a la corrupción y acceso efectivo a la justicia se mantiene como una constante.