El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Baja California confirmó que la controversia jurídica sobre la revocación de mandato sigue viva, al menos para diputados y ayuntamientos, luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinara que, en el caso de la gobernadora del estado, dicho mecanismo solo podrá aplicarse a partir del proceso de 2030.

Así lo informó Joel Abraham Blas Ramos, representante legal del PRI en la entidad, quien explicó que el máximo órgano electoral escindió la demanda original, separando el caso de la titular del Poder Ejecutivo estatal del de legisladores y municipios.

“La Sala Superior nos escindió una demanda. Si bien es cierto, nosotros demandamos que se aplicara la revocación de mandato contra la gobernadora aquí, y la Sala Superior dijo que no, que esto será hasta 2030; sí dividió la demanda en relación a diputados y municipios, turnando este expediente a la Sala Guadalajara para que determinen qué procedería en el caso de revocación de mandato para estos entes”, detalló.

Blas Ramos recordó que la negativa respecto a la gobernadora obedeció a un criterio de temporalidad, al considerar que ya había transcurrido más de la mitad del mandato, lo cual legalmente imposibilita el ejercicio de este mecanismo en su contra.

Sin embargo, precisó que esta condición no aplica para diputados y ayuntamientos, cuyos periodos aún no alcanzan ese límite.

“En el caso de diputados y municipios no están a la mitad del mandato, así que tenemos grandes elementos jurídicos para ver cuál va a ser el posicionamiento de la Sala Guadalajara, porque además consideramos que la reforma que hizo este Congreso sobre revocación de mandato fue incompleta y mal hecha”, sostuvo.

Aunque el PRI acatará la resolución en lo que respecta a la gobernadora, el partido no ocultó su inconformidad con el criterio adoptado por la Sala Superior.

“Somos creyentes de las instituciones; la sentencia de la Sala Superior fue firme: no a la gobernadora. Será hasta el gobernador o gobernadora del 2030. Pero en el caso de diputados y municipios el tema sigue vivo y estaremos peleando el tema ante la Sala Guadalajara”, reiteró.

Finalmente, Blas Ramos lanzó una crítica directa al proceso legislativo que dio origen a esta situación jurídica.

“Definitivamente no estamos de acuerdo con esta determinación. Creemos que esto fue una especie de fraude a la Constitución, porque literalmente pusieron en una protección especial a la gobernadora del estado”, concluyó.