En sesión extraordinaria celebrada este viernes 26 de diciembre, el Pleno de la Vigésima Quinta Legislatura aprobó por unanimidad con 21 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones la iniciativa que crea la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión en el Estado de Baja California, estableciendo un nuevo marco jurídico para enfrentar uno de los delitos de mayor impacto social y crecimiento en la entidad.

La nueva legislación, integrada por 33 artículos, busca cerrar vacíos legales, unificar criterios de actuación y fortalecer las capacidades institucionales, frente a un fenómeno delictivo que, con el avance de las tecnologías y los nuevos métodos criminales, ha evolucionado y causado severos daños a la ciudadanía.

Antes de la entrada en vigor de esta ley, la regulación de la extorsión se encontraba fragmentada y poco clara, lo que provocaba respuestas institucionales desiguales y poco efectivas, permitiendo el fortalecimiento de este delito en perjuicio de comerciantes, empresarios y familias en general.

Con este nuevo ordenamiento, Baja California se alinea con la Estrategia Nacional contra la Extorsión y con la Ley General publicada el 28 de noviembre de 2025, la cual establece una pena base de 15 a 25 años de prisión, con incrementos que pueden llevar la sanción hasta más de 42 años de cárcel en casos agravados.

Entre las circunstancias que agravan el delito se encuentran cuando la extorsión se comete contra comerciantes, migrantes, menores de edad, adultos mayores, cuando se ejerce violencia física, se utilizan armas, se realiza desde centros penitenciarios o es perpetrada por servidores públicos.

A nivel estatal, la nueva legislación establece que el delito de extorsión y los ilícitos vinculados deberán investigarse y perseguirse de oficio, eliminando la necesidad de denuncia previa para iniciar las investigaciones, lo que fortalece la protección de las víctimas y reduce la impunidad.

El diputado Jorge Ramos subrayó la urgencia de esta reforma y explicó su contexto nacional. “El delito de extorsión fue reclasificado como un delito de orden federal. La presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, tomó la decisión de presentarle al Congreso Federal para que ese delito fuera a nivel federal, su clasificación como un delito grave, de alto impacto. Ahora lo que nos corresponde es hacer un ajuste en el tema local del delito de extorsión, que también le urge a nuestro estado”, señaló.

El legislador local agregó que la problemática continúa creciendo en la entidad. “Lamentablemente ha habido muchos eventos que se siguen registrando de esta naturaleza y por eso la urgencia de que, aun en estas fechas, estemos en el interés y en el compromiso de sacar adelante esta iniciativa”.