Johana Gutiérrez Fabián denunció públicamente presuntas prácticas dilatorias y revictimización dentro del sistema de justicia en Baja California, luego de que fuera diferida la primera audiencia inicial en el proceso penal que sigue contra su ex pareja, Roberto “N”, abogado penalista del despacho jurídico Miranda y Martínez, acusado de violencia familiar y difusión de contenido íntimo sin consentimiento.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, la audiencia estaba programada para el pasado 29 de diciembre, en la cual se llevaría a cabo el desahogo de pruebas y la posible vinculación a proceso del imputado. Sin embargo, esta fue pospuesta luego de que el acusado contratara a su abogado defensor la noche anterior, argumento que fue aceptado por la autoridad judicial para otorgar el diferimiento hasta el 11 de febrero, casi mes y medio después.

“Es una estrategia sucia y dilatoria. Yo estoy buscando mi derecho a la justicia como víctima y siento que las autoridades están priorizando su derecho a una defensa, por encima de mis derechos como víctima”, declaró Johana.

La denunciante explicó que interpuso su primera denuncia a principios de julio, por el delito contemplado en la Ley Olimpia, sin que hasta la fecha se haya judicializado, pese al tiempo transcurrido.

Indicó que tras la difusión del material íntimo en septiembre; hecho que la llevó a intensificar la presión legal, las autoridades decidieron tipificar inicialmente el caso como violencia familiar, argumentando la dificultad técnica para integrar el delito relacionado con la Ley Olimpia, proceso que, aseguró, ha tomado ya más de seis meses.

“Medio año es más que suficiente para judicializar un delito, si es que tenemos a los agentes pertinentes para atender este tipo de casos”, subrayó.

Johana denunció además que ha sido sometida a múltiples peritajes y procesos que la han hecho sentir revictimizada por el propio sistema, situación que ha profundizado su desgaste emocional y psicológico.

“Mi única conclusión es que las autoridades están esperando a que me maten para poder tener un juicio justo y rápido”, expresó con preocupación.

La víctima sostuvo una relación con Roberto “N” desde 2023, la cual, dijo, estuvo marcada por violencia física, psicológica, emocional y sexual. Tras terminar la relación a finales de 2024, el imputado presuntamente la amenazó reiteradamente, incluso con hacerse daño a sí mismo, y posteriormente con difundir contenido íntimo.

“Yo le advertí que eso era un delito y que me iba a defender. Cuando yo inicié una nueva relación, fue cuando decidió difundir el contenido, y ahí fue cuando presenté la primera denuncia”, relató.