El anuncio del cierre del Centro Comunitario Altiplano, con el objetivo de instalar en ese espacio una sede del programa municipal Tijuana: Saludable, ha generado inconformidad y molestia entre usuarios, talleristas y vecinos de la zona, quienes consideran que la decisión ignora más de dos décadas de trabajo comunitario y deja sin alternativas culturales, educativas y recreativas a miles de personas.

De acuerdo con el gobierno municipal, el inmueble será utilizado para la creación de una clínica de atención primaria que ofrecerá consulta médica, medicamentos, odontología y servicios de optometría, con una proyección de atención a más de 10 mil usuarios. Sin embargo, quienes utilizan actualmente el centro aseguran que la medida se tomó sin diálogo ni socialización con la comunidad.

Camelia Velázquez Plata, fundadora del Centro Comunitario Altiplano, expresó sorpresa e indignación ante el cierre de un espacio que, dijo, nació en 2002 desde la autogestión y la lucha social. Recordó que el terreno fue donado por el ejido Matamoros y que durante años el proyecto se levantó “con carencias, gestoría y puro esfuerzo comunitario”, hasta lograr la construcción del salón principal en 2009.

Velázquez subrayó que el centro atiende semanalmente a alrededor de 700 personas y que no solo beneficia a residentes del Altiplano, sino que funciona como un punto de apoyo regional para colonias como Planicie, Valle Verde, Ejido Matamoros, Manantial 1 y 2, Rincón del Oro, El Encinal y Valle Imperial. “Aquí no hay parques, no hay canchas, no hay áreas recreativas ni clínicas formales. Este centro es todo eso junto”, reclamó.

Además de talleres culturales y actividades comunitarias, el inmueble alberga una clínica de iseSalud y servicios educativos universitarios, lo que, según vecinos, convierte su cierre en un golpe directo a las bases sociales de una zona históricamente marginada. Para los usuarios, el problema no es la salud, sino la decisión de enfrentar una necesidad eliminando otra, en lugar de ampliar infraestructura.

Vecinos y fundadores hicieron un llamado al Ayuntamiento para reconsiderar la medida y abrir un diálogo real con la comunidad, advirtiendo que cerrar un espacio vivo, construido durante más de 20 años por y para la gente, no puede presentarse como un avance, sino como un retroceso social.