La transformación de la justicia civil y familiar en Baja California ya tiene calendario y prioridades claras. El presidente del Poder Judicial del estado, magistrado Alejandro Isaac Fragozo López, confirmó que durante este año se dará inicio formal a la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, un cambio que busca acelerar los procesos judiciales y reducir el rezago histórico en esta materia.

De acuerdo con la proyección del Poder Judicial, Playas de Rosarito sería el primer municipio en operar bajo el nuevo esquema a partir del mes de marzo, seguido de Ensenada hacia finales de año. La declaratoria de inicio ya fue aprobada internamente y será presentada al Congreso del Estado para su validación, paso indispensable para fijar las fechas oficiales.

En materia de infraestructura, Fragozo López explicó que Rosarito se encuentra prácticamente listo, con un avance cercano al 98 por ciento gracias a un edificio nuevo en etapa final. En Ensenada, la estrategia será adaptar espacios existentes, mientras que en Tecate ya se inició la construcción de instalaciones. Los principales desafíos, reconoció, se concentran en Mexicali y en algunos rubros específicos de Tijuana, particularmente en el área de justicia familiar.

En la ciudad fronteriza, la oralidad civil cuenta con condiciones relativamente cubiertas, pero la justicia familiar requiere un nuevo edificio. El plan contempla aprovechar el inmueble ubicado en la avenida 20 de Noviembre para la oralidad civil, trasladando progresivamente los juzgados tradicionales que se irán cerrando conforme opere el modelo de “carga cero”, es decir, que todas las nuevas demandas se tramiten únicamente bajo el esquema oral.

Respecto al rezago en materia familiar, el magistrado reconoció que Tijuana sigue siendo el punto más presionado del estado. Actualmente operan ocho juzgados familiares y se prevé la apertura de un noveno; sin embargo, estimó que serían necesarios al menos tres juzgados más para atender de forma adecuada los cerca de 12 mil asuntos familiares que se registran cada año en la ciudad.

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Más allá de la infraestructura, Fragozo López subrayó que el mayor reto es cambiar la mentalidad de litigantes, autoridades y ciudadanía. Señaló que el nuevo código prioriza mecanismos alternativos como la conciliación y la mediación, prácticas comunes en países desarrollados, pero poco utilizadas en México, donde persiste la cultura de judicializar todos los conflictos.

En cuanto al ámbito penal, el presidente del Poder Judicial indicó que, aunque no contaba con cifras específicas, se ha observado una disminución en las judicializaciones por homicidio, en línea con la reducción de este delito reportada por autoridades estatales, cercana al 30 por ciento.

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Sobre el Centro de Resguardo Forense, informó que actualmente alberga alrededor de 325 cuerpos, lo que representa apenas entre el 10 y 12 por ciento de su capacidad total, y aclaró que la administración de las fosas comunes corresponde a instancias municipales.

La implementación del nuevo modelo de justicia, concluyó, no solo implica edificios y tecnología, sino una transformación profunda en la forma de resolver los conflictos legales en Baja California.