De acuerdo con las autoridades de seguridad, Baja California cerró el año con una disminución significativa en los homicidios, resultado que, señalan, aún es insuficiente. De acuerdo con la Fiscalía General, los asesinatos bajaron 27 por ciento a nivel estatal, mientras que Tijuana registró una reducción del 33 por ciento, convirtiéndose en el municipio con mayor avance en esta materia.

La fiscal general María Elena Andrade atribuyó estos resultados al trabajo de coordinación entre la Mesa de Seguridad estatal, el enlace permanente con autoridades federales y la estrategia operativa de la Fiscalía, particularmente a través del programa Fuerza Fiscalía y las acciones preventivas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Uno de los factores clave, explicó, ha sido el uso intensivo de cateos como herramienta para desarticular redes criminales. Tan solo en 2025 se realizaron 2 mil 685 cateos, una cifra sin precedentes en la entidad. Muchas de estas acciones se concentraron en chatarreras irregulares, un punto crítico para el desmantelamiento de redes de robo de vehículos. En estos operativos se aseguraron automóviles con reporte de robo y, en algunos casos, los inmuebles completos.

“Romper la zona de confort de la delincuencia ha sido fundamental para lograr esta reducción”, señaló la fiscal, al adelantar que la estrategia se reforzará con la llegada de nuevos mandos militares en Defensa y Guardia Nacional, con quienes ya se prepara una etapa de mayor coordinación.

En paralelo, la Fiscalía ha intensificado el combate a la extorsión, un delito que suele operar desde el anonimato y el miedo. A pesar de no contar aún con todas las reformas legales deseadas, las autoridades lograron la detención de 16 bandas, con alrededor de 45 personas arrestadas en distintos municipios del estado, comenzando por Ensenada y extendiéndose a Mexicali y zonas rurales cercanas a la frontera con Sonora.

De igual manera anunció la creación de una Fiscalía Especializada en Extorsión, con estructura estatal y presencia en todos los municipios. Esta nueva unidad contará con fiscales especializados, policías de investigación, peritos, personal del Ministerio Público y un comandante estatal dedicado exclusivamente a este delito, además de un fuerte respaldo tecnológico.

La fiscal adelantó que se activará una unidad de inteligencia financiera, con convenios de colaboración a nivel federal y con otros estados, para rastrear flujos de dinero y desarticular las finanzas de los grupos criminales, una vía que ha demostrado ser clave en este tipo de delitos.

Respecto al ataque con un artefacto incendiario registrado recientemente en un bar de la zona Río de Tijuana, la fiscal señaló que la investigación está en fase preliminar y que aún se analizan imágenes de cámaras públicas y privadas para determinar si el hecho está relacionado con extorsión o con otro tipo de conflicto.

Aunque las cifras muestran avances, Andrade dejó claro que el reto continúa. “No estamos satisfechos”, reconoció, al señalar que la meta no es solo reducir estadísticas, sino consolidar una estrategia que mantenga la presión sobre los grupos criminales y evite que se reorganicen.