La diputada local Alejandra María Ang Hernández atendió a los medios de comunicación por primera vez tras el incidente ocurrido en la garita de Calexico, donde fue retenida por transportar una suma de dinero en efectivo sin declararla ante autoridades estadounidenses.

La legisladora explicó que se trató de una omisión involuntaria y aseguró que el recurso es completamente lícito, proveniente de ahorros familiares y de la venta de algunos vehículos, los cuales pretendía utilizar para la adquisición de otro automóvil.

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“No hubo mala fe, no hubo dolo ni ninguna intención de cometer delito. Fue un tema meramente administrativo”, afirmó.

Ang Hernández precisó que el dinero no estaba oculto dentro del vehículo ni en compartimentos especiales y que actualmente conserva su visa, lo que demuestra —dijo— que las autoridades estadounidenses no consideraron el hecho como un asunto penal, sino únicamente administrativo.

Asimismo, rechazó versiones que señalaban que conducía un automóvil de lujo valuado en dos millones de pesos.

“Mi vehículo es modelo 2016, no es del año ni de lujo. Yo no me manejo con lujos”, sostuvo.

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Indicó que actualmente se encuentra integrando el expediente legal con asesoría especializada para solicitar la restitución del efectivo, proceso que podría extenderse hasta por 30 días o más, de acuerdo con las leyes de Estados Unidos.

La diputada subrayó que durante casi 10 años de servicio público ha cumplido puntualmente con sus declaraciones patrimoniales y fiscales, las cuales son públicas y verificables por cualquier ciudadano, y reiteró que esta situación no tiene relación alguna con su desempeño legislativo.

“Siempre me he conducido con responsabilidad, transparencia y congruencia, tanto como diputada como presidenta de la Comisión de Fiscalización. Los resultados están a la vista en el portal del Congreso del Estado”, enfatizó.

Finalmente, Ang Hernández manifestó sentirse tranquila, confiada en que toda la documentación permitirá aclarar completamente la situación y reiteró su compromiso con la ciudadanía y con las funciones de fiscalización, legislación y gestoría social que desempeña en el Congreso.