Colectivos animalistas y ciudadanos se manifestaron a las afueras de los Juzgados Penales, junto a la Penitenciaría de Tijuana en vísperas de la segunda audiencia del caso que conmocionó a la ciudad y que hoy pone a prueba la capacidad del sistema judicial para responder a la violencia extrema contra los animales.

La audiencia corresponde a la etapa de vinculación a proceso del presunto agresor. En la primera comparecencia, el juez escuchó las pruebas presentadas por la Fiscalía y determinó prisión preventiva justificada por un plazo constitucional de 144 horas. Ahora, toca el turno a los argumentos de la defensa y a una decisión clave: si el caso avanza formalmente hacia un proceso penal.

Para Carmen Villarreal, abogada de Animalistas México, el momento es decisivo. “Si se vincula a proceso, se abre una investigación que puede durar alrededor de dos meses. Lo que esperamos es una resolución que no solo sea legal, sino que represente un mensaje claro para la sociedad”, explicó durante la manifestación.

Más allá del proceso jurídico, una de las mayores preocupaciones de los colectivos es que el imputado permanezca en prisión. Consideran que no se trata solo de un riesgo para la denunciante, sino para la comunidad en general. “El perfil del agresor y las amenazas previas son elementos que no se pueden minimizar”, advirtió Villarreal.

El caso del Chato no solo expuso un acto de crueldad, sino también las fallas estructurales en la investigación. De acuerdo con las abogadas, la Fiscalía actuó de manera tardía en la integración de la carpeta. La prueba principal (el cuerpo del animal) fue localizada gracias a la presión ciudadana en redes sociales, no por una acción inmediata de la autoridad.

“Fue la comunidad la que salió a buscar, la que encontró la maleta y la que dio aviso”, relató Villarreal. “Hay una parte de la sociedad que está haciendo el trabajo de detective, de investigador, de activista, porque las instituciones no llegan a tiempo”.

Durante las protestas en la colonia Otay, vecinas y vecinos narraron haber escuchado durante casi una hora la agonía del animal. Entre quienes pedían justicia había niños pequeños, algunos aún en pijama. Escenas que, según las abogadas, influyeron para que el juez considerara la prisión preventiva como una medida necesaria.

Aunque reconocen que, en general, las resoluciones judiciales han sido apegadas a derecho, los colectivos señalan que el mayor cuello de botella está en la Fiscalía, particularmente en la fiscalía especializada en delitos contra animales, una instancia de reciente creación que opera con recursos limitados.

La abogada expuso que al día de hoy existen alrededor de 2 mil carpetas de investigación abiertas por delitos de este tipo en toda la entidad. Sin embargo, apenas una mínima fracción ha llegado a sentencia. “Hablamos de unas cinco sentencias”, señaló Villarreal. “Es un número bajísimo frente a la magnitud del problema”.

La falta de personal, presupuesto y capacitación especializada es, dicen, un obstáculo constante. Los colectivos aseguran haber ofrecido apoyo técnico, capacitaciones e incluso asesoría internacional, sin que hasta ahora haya una respuesta clara por parte de la autoridad.

El caso del Chato pone de nuevo el foco en el riesgo que enfrentan quienes denuncian. La persona que inició el proceso solicitó medidas de protección y, ante la falta de respuesta oportuna, terminó por abandonar el país, de acuerdo a lo expresado en la manifestación. “Eso no debería pasar”, subrayó la abogada. “Las pruebas se pierden si no se actúa rápido, y la confianza ciudadana se rompe”.