El diputado local del Congreso del Estado de Baja California, Juan Manuel Molina, aseguró que las reformas electorales aprobadas en 2023 y 2024 no otorgaron beneficios indebidos al Partido Encuentro Solidario (PES), como algunos sectores han señalado, y subrayó que dichas modificaciones generaron un ahorro cercano a los 100 millones de pesos al erario público estatal.

“Muchos han tratado de decir que fue derivado de una reforma del Congreso donde se da este exorbitante beneficio al PES. Quiero dejar muy claro que las reformas lograron que a los partidos políticos en general se les dejaran de asignar cerca de 100 millones de pesos de la bolsa global”, puntualizó el legislador.

Molina explicó que la actual distribución de recursos a los partidos políticos no depende de decisiones locales, sino de la aplicación obligatoria del artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, una legislación federal aprobada en 2014 como parte del Pacto por México, en la que participaron fuerzas políticas como PAN, PRI, PVEM y PRD, quienes avalaron el esquema que hoy se mantiene vigente en todo el país.

En ese sentido, recordó que en 2025 se promovió una impugnación contra la asignación de recursos al PES, la cual llegó hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral, donde la votación quedó empatada y fue definida por el voto de la presidencia, decisión que, dijo, perjudicó al erario de Baja California.

El diputado expresó confianza en que el escenario jurídico será distinto este año, al existir nuevas integraciones tanto en la Sala Superior, como en la Sala Regional Guadalajara y en el Tribunal Electoral local, lo que permitiría una resolución basada en los principios de legalidad, imparcialidad y equidad, establecidos en el artículo 41 de la Constitución.

Actualmente, informó, el recurso se encuentra en trámite ante el tribunal local, el cual suspendió labores por el periodo vacacional, por lo que al inicio de este 2026 se reactivó su impulso jurídico. Además, indicó que el tema fue planteado recientemente ante la secretaria de Gobernación, con el objetivo de que en la próxima reforma electoral se modifique el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, competencia exclusiva del Congreso de la Unión.