Residentes de las colonias Ex Ejido Coahuila, Carvajal y Maestros Federales denunciaron la instalación de lo que presuntamente es una distribuidora de gas en una zona mayoritariamente habitacional, situación que ha generado preocupación por el riesgo que representa para la seguridad de las familias y de instituciones educativas cercanas.

Una de las vecinas afectadas, quien solicitó permanecer en el anonimato, relató que desde principios de noviembre se percataron de que el predio colindante a su vivienda había sido rentado para la instalación de una despachadora de gas, por lo que ella y su esposo presentaron un escrito formal ante la Dirección de Control Urbano, manifestando su rechazo al proyecto.

Sin embargo, señaló que a mediados de diciembre observaron la llegada de una grúa con un cilindro, lo que evidenciaba el inicio de los trabajos, pese a que su solicitud no había sido atendida. Ante ello, los vecinos realizaron una asamblea comunitaria y recabaron firmas para presentar una denuncia ciudadana formal, la cual fue entregada este martes 13 de enero ante autoridades municipales.

La denunciante indicó que los responsables del proyecto argumentan que se trata de una zona comercial, afirmación que los vecinos rechazan al señalar que más del 90 por ciento del área es residencial. Además, a pocos metros se localizan la Preparatoria 16 de Septiembre y el Instituto Cucapah, lo que incrementa el riesgo para estudiantes y familias.

También denunciaron que las labores se realizaban en horarios inusuales, entre la medianoche y la madrugada, así como durante los fines de semana, lo que incrementó la inquietud de la comunidad. Incluso, aseguran que los trabajadores manifestaron su intención de instalarse “sí o sí”, independientemente de la oposición vecinal.

Los vecinos señalaron que, pese a que el lugar fue objeto de sellos de suspensión de actividades, los responsables continuaron trabajando al ingresar por otros accesos, por lo que solicitaron la intervención de la Policía Municipal, que levantó actas y generó folios en al menos dos ocasiones, además de contar con evidencia fotográfica de los hechos.

Los residentes exigen a las autoridades municipales y estatales una revisión exhaustiva de la legalidad del proyecto y la aplicación de las sanciones correspondientes, al considerar que se pone en riesgo la integridad de cientos de familias.