El reciente suicidio de una agente de la Policía Municipal de Tijuana abrió nuevamente un debate poco atendido en la agenda pública, la salud mental de los elementos encargados de la seguridad en una de las ciudades más complejas del país.

Jorge Álvaro Ochoa Orduño, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), calificó el hecho como lamentable y sostuvo que evidencia una problemática que suele permanecer en segundo plano. A los policías, dijo, se les exige cumplir con altos estándares de desempeño, sin que siempre existan mecanismos sólidos de acompañamiento emocional.

En entrevista, el ombudsman recordó que los derechos humanos no se limitan a la relación entre autoridades y ciudadanía. “Todas las personas tienen derechos humanos, incluidos los servidores públicos y, por supuesto, los policías”, afirmó. En ese sentido, señaló que la Comisión ha incorporado en diversas recomendaciones la necesidad de brindar atención psicológica a los elementos de las corporaciones municipales.

Ochoa Orduño explicó que también se han promovido cursos y capacitaciones relacionados con el control del enojo y el manejo del estrés, dirigidos a policías que enfrentan diariamente situaciones de alta presión. Sin embargo, reconoció que estos esfuerzos no siempre se reflejan en una atención constante y suficiente.

“La labor policial es fundamental para la convivencia social y la búsqueda de una sociedad más justa, pero es una actividad que implica un desgaste importante. En muchas ocasiones, por responder a las exigencias de la sociedad, se deja de mirar a quienes realizan ese trabajo”, comentó.

El titular de la CEDHBC admitió que existe un rezago en el cuidado integral de los elementos policiales y subrayó que la Comisión ha mantenido presencia y diálogo con las corporaciones para insistir en este tema. “Es un aspecto que no se puede seguir postergando”, señaló.