Abogados de Baja California expresaron la necesidad de reforzar los protocolos de atención y la difusión de información en casos de homicidio, al advertir que las familias de las víctimas suelen quedar en el desamparo al no conocer datos que no son sensibles para las investigaciones, pero que sí resultan fundamentales para comprender lo ocurrido.

Señalaron que, tras hechos violentos, los familiares enfrentan un escenario de incertidumbre al no recibir información básica sobre el avance de las indagatorias, lo que les impide entender las circunstancias del crimen y limita su derecho a una justicia pronta y efectiva.

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David Rincón Rey, presidente de la Federación de Barras y Colegios de Abogados de Baja California, advirtió que esta problemática no es exclusiva del gremio jurídico, sino que afecta de manera generalizada a ciudadanos víctimas de delitos graves y a sus familias. “No se trata de pedir que se revele información que ponga en riesgo una investigación, sino de garantizar a las familias datos mínimos que les permitan saber qué pasó, por qué pasó y qué está haciendo la autoridad”, señaló.

El dirigente recordó que, al igual que ocurrió con las familias de los periodistas Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, los familiares de abogados asesinados no cuentan con un respaldo institucional suficiente ni con procesos efectivos de reparación del daño, aun cuando estos han sido ordenados por jueces. “Las víctimas quedan solas frente a un sistema que debería protegerlas y acompañarlas”, subrayó.

Rincón Rey expuso que las autoridades suelen escudarse en la secrecía de las investigaciones para limitar la información, pese a que existen datos que legalmente pueden compartirse. Añadió que incluso los abogados representantes de las víctimas enfrentan obstáculos para acceder a las carpetas de investigación, lo que evidencia fallas en la actuación de la fiscalía y refuerza la exigencia de mayor transparencia y acompañamiento institucional.