La primera etapa del sistema de alcantarillado sanitario costero en Tijuana y Playas de Rosarito fue entregada con casi cuatro años de retraso, a pesar de que la empresa encargada, Constructora Makro SA de CV, ha seguido recibiendo contratos millonarios de distintos gobiernos de Baja California. La obra fue contratada en 2020 por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) por un monto de 159 millones de pesos más IVA.

El contrato establecía que los trabajos debían concluir en mayo de 2021, plazo que posteriormente se amplió a agosto de ese mismo año durante la administración de Jaime Bonilla Valdez. Sin embargo, el Congreso del Estado documentó que para esa fecha la obra solo registraba un avance del 65 por ciento. Los reportes oficiales muestran que el progreso fue lento durante los años siguientes, hasta que finalmente en julio de 2025 la CESPT informó que el proyecto había sido terminado.

De acuerdo con el Dictamen 178 de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso local, la adjudicación del contrato se realizó de manera directa y el gobierno estatal no presentó documentos que acreditaran una declaratoria de emergencia que justificara ese procedimiento. Al cierre de la obra, el monto final ejercido fue de 143 millones 96 mil 647 pesos.

El retraso en el alcantarillado no es un hecho aislado. Constructora Makro, cuyo socio mayoritario es Marco Antonio Santacruz Cuevas, acumula contratos públicos por más de mil 800 millones de pesos durante las administraciones de Francisco “Kiko” Vega, Jaime Bonilla y Marina del Pilar Ávila Olmeda. En su historial figuran obras entregadas fuera de tiempo, observaciones de auditoría y señalamientos por presuntas irregularidades técnicas y administrativas.

Pese a estos antecedentes, durante el actual gobierno estatal las empresas vinculadas a Santacruz Cuevas continúan obteniendo contratos. Tan solo en los últimos años se identifican convenios por más de 650 millones de pesos, incluido el proyecto de ampliación y modernización del nodo Morelos en Tijuana, una obra que también ha recibido prórrogas en su entrega y que, hasta ahora, no cuenta con acta de finiquito visible en los portales de transparencia oficiales.