A cuatro años de los asesinatos de los periodistas Margarito Martínez Esquivel y María Lourdes Maldonado López, ocurridos en Tijuana en enero de 2022, las investigaciones continúan abiertas sin que hasta ahora se haya logrado identificar y procesar a los autores intelectuales de ambos crímenes, reconoció la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California.

Aunque cinco personas ya han sido sentenciadas y un sexto implicado espera juicio oral por su presunta participación como autores materiales, las indagatorias no han alcanzado a quienes habrían ordenado los homicidios, una deuda pendiente que mantiene en alerta al gremio periodístico y a organizaciones defensoras de la libertad de expresión.

Miguel Ángel Gaxiola, fiscal en Delitos contra la Vida de la FGE, aseguró que los expedientes siguen activos y que actualmente se desarrolla una segunda etapa de investigación, enfocada en el análisis profundo de información que, con el paso del tiempo, perdió continuidad. Para ello, explicó, se conformó un grupo especial de analistas que revisa cada dato y cada línea abierta.

El funcionario reconoció la complejidad de los casos y señaló que, para llevar a un presunto autor intelectual ante un juez, se requiere evidencia sólida y verificable. “No se puede acudir a un juez de control con hipótesis débiles”, sostuvo, al justificar la cautela con la que se manejan las investigaciones y la reserva de información.

Sobre los señalamientos públicos que hizo Lourdes Maldonado antes de ser asesinada, en los que mencionó al entonces gobernador Jaime Bonilla, Gaxiola afirmó que esa línea de investigación no ha sido descartada, pero subrayó que cualquier citación debe hacerse con extremo cuidado jurídico para no comprometer el éxito del proceso.

El fiscal admitió que los primeros días tras los crímenes fueron clave y que algunas diligencias no se consolidaron en su momento. No obstante, afirmó que desde hace casi un año se retomó el análisis con una nueva estrategia, con el objetivo de detectar elementos que pudieron pasar desapercibidos en las etapas iniciales.

En paralelo, la inconformidad del gremio periodístico se hizo visible durante un acto conmemorativo en el que reporteros y fotoperiodistas denunciaron la falta de voluntad institucional para llegar al fondo de los casos. Alberto Elenes, periodista, señaló que la Fiscalía ha ofrecido “una justicia a medias” al conformarse con las sentencias contra los autores materiales.

Elenes advirtió que la impunidad en estos crímenes mantiene en riesgo a quienes ejercen el periodismo en Baja California y recordó que otros casos, como el del periodista Francisco Ortiz Franco, asesinado en 2004, permanecen sin resolverse, a pesar de haber sido transferidos a la autoridad estatal.

Por su parte, el periodista Eduardo Andrade, recordó que los asesinatos de Margarito Martínez y Lourdes Maldonado ocurrieron con apenas una semana de diferencia y sacudieron al periodismo local. “Lo que se exige hoy es saber quién ordenó esos asesinatos”, afirmó, al describir un entorno laboral marcado por la precariedad y el miedo.

Andrade subrayó que la vulnerabilidad de los periodistas en Tijuana no se limita a los homicidios, sino que incluye agresiones, abusos policiales y obstáculos constantes para acceder a la información pública, lo que profundiza la sensación de desprotección.

Para los periodistas, el paso del tiempo sin responsables intelectuales identificados confirma que, en estos casos, la justicia sigue siendo una promesa incumplida.