La fundadora de La Casita de Unión Trans, Susana Barrales, afirmó que la comunidad trans en Tijuana inicia 2026 con los mismos problemas estructurales que ha denunciado en años recientes, entre ellos la falta de atención médica adecuada, la inseguridad y la discriminación en instituciones públicas.

Barrales sostuvo que, aunque existe un discurso oficial sobre inclusión, en la práctica muchas políticas no se reflejan en mejoras reales para la población trans. Señaló que la visibilidad ha aumentado, pero que aún hay resistencia cultural y administrativa para garantizar un trato igualitario.

En materia de salud, la activista indicó que este es uno de los principales focos de conflicto en Tijuana. Explicó que personas trans han enfrentado negativas de atención en hospitales públicos debido a que su identidad de género no coincide con los registros oficiales, lo que, dijo, ha derivado en complicaciones graves e incluso fallecimientos.

De igual manera, afirmó que estos casos no deben interpretarse como hechos aislados, sino como parte de una problemática más amplia de deshumanización dentro del sistema de salud. Aclaró que la exigencia de la comunidad no es un trato diferenciado, sino atención con respeto y sin discriminación.

En cuanto a la violencia, señaló que en lo que va de 2026 se han registrado diez asesinatos de personas trans a nivel nacional, los cuales atribuyó a contextos de transfobia, homofobia y falta de protección institucional. Indicó que esta situación genera un clima de miedo constante, especialmente entre mujeres trans.

La activista también mencionó la violencia digital como una de las expresiones más persistentes de discriminación, al considerar que la desinformación y los discursos de odio continúan reproduciéndose en redes sociales y otros espacios virtuales.

Respecto a la seguridad en Tijuana, Barrales afirmó que sentirse protegidas en el espacio público sigue siendo un reto para la comunidad trans, y sostuvo que es necesario fortalecer la coordinación entre autoridades y organizaciones civiles para atender esta problemática.

Indicó que mantienen acercamientos con legisladores, con el objetivo de impulsar leyes y protocolos que reduzcan la violencia y garanticen el acceso a derechos básicos, particularmente en salud y seguridad.

Barrales adelantó que durante 2026 continuarán las actividades de visibilización, incluyendo eventos públicos y foros donde la propia comunidad expondrá sus necesidades y demandas desde su experiencia directa.

Subrayó que el principal reto es que la inclusión deje de ser únicamente un discurso y se convierta en una realidad tangible para las personas trans en Tijuana, a través de políticas públicas efectivas y un trato institucional respetuoso.