El bloqueo carretero en la Transpeninsular ya fue levantado desde la tarde del domingo, sin embargo, los manifestantes ahora bloquearon operaciones en las oficinas municipales de San Quintín y Camalú. 

La gobernadora Marina del Pilar Ávila acudió a San Quintín el domingo para dialogar con los inconformes con el gobierno de Miriam Cano, quienes tenían tomada la carretera desde el lunes.

Entre las exigencias de los manifestantes se enlistan la remoción de entre 11 y 15 funcionarios, revocación de mandato a la alcaldesa, así como una auditoría externa al primer Ayuntamiento. 

Se acordó crear una comisión de regidores para dar seguimiento a algunos de los planteamientos. Al respecto, la alcaldesa emitió una posicionamiento aclarando que el acuerdo no traslada facultades ejecutivas, no sustituye a las autoridades  ni implica decisiones sobre nombramientos o permanencia de servidores públicos. 

" La Comisión Especial tendrá un carácter temporal, consultado y no vinculante, con el objetivo de generar diagnósticos y recomendaciones que permitan identificar áreas de oportunidad y elevar los estándares de transparencia y servicio público", puntualizó Cano Núñez.

San Quintín advierte riesgo de repetir 2015: Carlos Hafen López

En un video difundido en medios de comunicación y redes sociales, el empresario agrícola de San Quintín, Carlos Hafen López, solicitó la intervención inmediata del gobierno federal ante los bloqueos que desde hace una semana mantuvieron cerrado el único acceso carretero de la península, al advertir que la situación podría escalar a un conflicto social similar al registrado en 2015.

Señaló que miles de jornaleros y sus familias se vieron afectados en su derecho al trabajo, al libre tránsito y al ingreso diario, y que existe un creciente nivel de inconformidad entre este sector

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En un mensaje dirigido a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, al secretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, así como a senadores y diputados federales, Hafen López afirmó que los cierres fueron  realizados por un grupo reducido de personas.

Indicó que el cierre carretero afectó no solo al municipio de San Quintín, sino también a Baja California Sur, al impedir el paso de mercancías, transporte público y suministros esenciales, con impacto directo en la actividad agrícola y comercial.

El empresario explicó que trabajadores jornaleros perdieron jornadas laborales completas, fueron regresados de sus centros de trabajo o tuvieron que caminar varios kilómetros para regresar a sus hogares, al no permitírseles el paso vehicular.

Añadió que los productores agrícolas enfrentaron incumplimientos contractuales y pérdidas económicas por cosechas que permanecieron detenidas en el campo, en cuartos fríos o en unidades de transporte, debido a la falta de circulación.

Hafen López recordó que en 2015 un conflicto social en la región derivó en enfrentamientos y personas lesionadas, y señaló que la repetición de un escenario similar representa un riesgo si no se restablece la gobernabilidad.