La falta de agua potable durante varios días no impidió que los recibos llegaran puntuales (y más caros) a los hogares, señalaron ciudadanos. La inconformidad se ha intensificado en colonias de Tijuana, donde vecinos denuncian cobros elevados pese a interrupciones prolongadas del servicio, un problema que ha escalado hasta el Congreso local.

La diputada Evelyn Sánchez cuestionó que, pese a la falta de agua, usuarios hayan recibido facturaciones más altas de lo habitual, una situación que, advirtió, contraviene el principio constitucional que reconoce el acceso al agua como un derecho humano. El planteamiento legislativo se centró en la obligación de las autoridades operadoras de ajustar los cobros cuando el servicio no se presta de manera continua.

La legisladora explicó que el exhorto fue dirigido a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), a fin de que se apliquen los ajustes correspondientes y se corrijan los incrementos registrados en algunos recibos. Subrayó que estas modificaciones no son discrecionales, sino parte de un mandato constitucional que obliga a las instituciones a garantizar un cobro justo y proporcional al servicio efectivamente brindado.

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Señaló también que sostuvo reuniones con el equipo directivo de la CESPT, donde, dijo, se comprometieron a aplicar correcciones a los recibos que presenten inconsistencias. El acuerdo, señaló, responde a un mandato constitucional y no a una concesión administrativa, por lo que los usuarios afectados pueden y deben exigir la revisión de sus cargos.

La diputada reiteró que el exhorto busca sentar un precedente para que, ante futuras interrupciones del suministro, se respeten los derechos de los usuarios y se eviten cobros que no correspondan a la realidad del servicio.