Las acusaciones que involucran al entorno cercano de la gobernadora del estado, Marina del Pilar Avila Olmeda y que son analizadas por la Fiscalía General de la República (FGR) han hecho que diferentes sectores de la sociedad exijan una separación del cargo. Sin embargo, en el Congreso local prevalece, al menos por ahora, una postura de cautela.

En entrevista, el diputado Jorge Ramos, señaló que cualquier señalamiento que ponga en entredicho la integridad de un gobernante debe abordarse con seriedad, pero sin caer en conclusiones anticipadas. Recordó que el origen del caso es una denuncia anónima, figura legal que permite abrir investigaciones, aunque, subrayó, no constituye por sí misma una prueba de culpabilidad.

El legislador sostuvo que el debate debe centrarse en el respeto al procedimiento que conduce la FGR y en la necesidad de permitir que las indagatorias se desarrollen conforme a derecho. A su juicio, ni la absolución automática ni la condena pública previa fortalecen al Estado de derecho, sobre todo cuando en una misma denuncia aparecen mencionadas diversas personas.

Ante la pregunta de si la gobernadora debería pedir licencia mientras avanza la investigación, el diputado evitó una respuesta categórica. Explicó que la Constitución establece mecanismos específicos para solicitar la separación temporal del cargo y que, en el escenario actual, no se advierten elementos jurídicos que activen ese procedimiento.