Autoridades estatales y representantes de la sociedad civil en Baja California avanzan hacia un modelo de seguridad más abierto a la evaluación y al acompañamiento ciudadano.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado y el Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana formalizaron un convenio general de coordinación y colaboración enfocado en la prevención del delito y la participación social, un acuerdo que, de acuerdo a los representantes de ambas partes, busca sentar las bases de un esquema de trabajo menos dependiente de decisiones personales y más anclado en mecanismos institucionales.

Para Edgardo Flores Campbell, presidente del Comité Ciudadano, permitir la supervisión, el seguimiento de programas y la evaluación externa fortalece la legitimidad de cualquier corporación de seguridad. Aun reconociendo diferencias y debates previos con autoridades estatales, sostuvo que ha sido posible encontrar puntos de convergencia cuando el eje central es la estrategia de seguridad y no la confrontación política.

El dirigente ciudadano señaló que, durante la gestión del comité, se han canalizado a la Fiscalía del Estado cerca de una veintena de casos relacionados con extorsión y cobro de piso, particularmente en contra de empresarios y comercios. De acuerdo con su balance, todos los casos recibieron atención institucional, incluyendo la toma de declaraciones y, cuando fue necesario, la provisión de medidas de protección.

Flores Campbell subrayó que no se trata de minimizar la gravedad de estos delitos ni de presentar resultados triunfalistas, sino de reconocer avances puntuales y, al mismo tiempo, insistir en la necesidad de una estrategia integral. A su juicio, el patrullaje sin inteligencia ni conocimiento del territorio resulta insuficiente frente a fenómenos criminales cada vez más sofisticados, por lo que destacó la importancia del análisis de información, las operaciones encubiertas y la coordinación entre corporaciones.

El convenio, explicó, apunta precisamente a eso, construir un canal institucionalizado que permita a la ciudadanía incidir en la política pública de seguridad, medir resultados y evitar que las acciones dependan exclusivamente del criterio del funcionario en turno. “No hay crítica sin propuesta”, sostuvo, al defender el papel del comité como un ente evaluador y no como un actor complaciente.

Flores Campbell insistió en que la percepción de inseguridad no puede ser desestimada con estadísticas a la baja. Si la población se siente insegura, afirmó, es porque existe un problema real que debe reconocerse y atenderse. Para él, involucrar a la sociedad civil no debilita a las instituciones de seguridad, sino que las vuelve más legítimas y cercanas a la realidad que enfrentan los ciudadanos.