La Barra de Abogadas María Sandoval de Zarco advirtió que, pese a contar con personal capacitado y atención permanente para mujeres víctimas de violencia, persiste una grave falta de coordinación entre instituciones, lo que pone en riesgo a las víctimas, especialmente en casos donde existe peligro de feminicidio.

Estefanía Campos García, presidenta de la Barra, destacó que recientemente conocieron las instalaciones de un modelo de atención en la Ciudad de México, donde el equipo jurídico y psicológico opera las 24 horas del día, los siete días de la semana, brindando acompañamiento integral a mujeres en situación de violencia. Sin embargo, señaló que en Baja California aún existen vacíos estructurales que dificultan el acceso real a la justicia.

“La problemática que hemos detectado es la falta de trabajo coordinado con otras instituciones. Consideramos indispensable que exista una unidad especializada en delitos contra la mujer dentro o cerca de estas instalaciones, porque actualmente solo se reciben denuncias, pero el seguimiento debe hacerse en otras unidades ubicadas en puntos distintos de la ciudad, lo que implica traslados innecesarios y riesgos graves para las víctimas”, explicó Campos García.

La presidenta de la Barra advirtió que estos desplazamientos obligan a las mujeres a resolver por su cuenta temas de seguridad, transporte y acompañamiento, justo en momentos críticos donde la amenaza puede escalar. “Cuando hay un riesgo grave de feminicidio, esta falta de certeza institucional puede ser determinante”, subrayó.

En otro tema, Campos García informó que la Barra de Abogadas ha solicitado la intervención de diversas autoridades para atender la problemática de niñas, niños y adolescentes en situación de calle y trabajo infantil. Detalló que han planteado la creación de una mesa de trabajo interinstitucional con Seguridad Pública Municipal, la Secretaría del Trabajo, Derechos Humanos y la Secretaría General de Gobierno, con el objetivo de revisar y aplicar de manera inmediata los protocolos existentes.

“El primer respondiente debe ser la policía municipal, porque es la autoridad que patrulla las calles y detecta estas situaciones de primera mano. A partir de ahí deben intervenir instancias como la Procuraduría de la Defensa de los Derechos del Menor y otras dependencias”, señaló.

La abogada indicó que, de acuerdo con datos de asociaciones civiles, se estima que alrededor de 500 menores se encuentran en situación de calle, aunque advirtió que la cifra real podría ser mayor ante la falta de registros oficiales.

Finalmente, la Barra de Abogadas presentó ante el Congreso del Estado una propuesta para tipificar como delito el incumplimiento del deber de protección por parte de autoridades responsables de salvaguardar a niñas, niños y adolescentes. Campos García sostuvo que el enfoque actual sigue siendo reactivo y no preventivo. “Volteamos a ver los problemas cuando ya hay una lesión o un homicidio. La cultura de la prevención es fundamental y es una responsabilidad compartida entre autoridades y sociedad”, afirmó.

En cuanto a la atención en la Fiscalía, reconoció avances, pero insistió en la necesidad de invertir en más personal capacitado y en mejorar los tiempos de atención. “Hoy una denuncia puede tardar entre dos y tres horas. La gente llega ya afectada emocionalmente y la atención debe ser más ágil, más humana y con perspectiva de género”, concluyó.