Las reglas escolares que imponen un determinado corte de cabello a los estudiantes han vuelto a colocarse bajo el escrutinio de los organismos de derechos humanos en Baja California, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha establecido criterios claros sobre el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

El titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), Jorge Álvaro Ochoa Orduño, informó que en lo que va del año se han recibido al menos dos quejas formales relacionadas con el sistema educativo, ambas vinculadas a este tipo de disposiciones administrativas.

De acuerdo con el ombudsman del estado, exigir a niñas, niños y adolescentes un corte de cabello específico constituye una medida contraria a los derechos humanos, independientemente de que dicha obligación esté contemplada en los reglamentos internos de las escuelas o haya sido aceptada previamente por madres, padres o tutores. “Los reglamentos deben leerse siempre con una perspectiva de derechos humanos”, sostuvo.

Ochoa Orduño explicó que, aunque el tema parecía superado, persisten prácticas que chocan con los criterios establecidos por el máximo tribunal del país, lo que ha obligado a la CEDHBC a instalar mesas de trabajo y atender solicitudes de intervención tanto de escuelas públicas como privadas.

Afirmó también que la Secretaría de Educación ha canalizado a diversos planteles (incluidas escuelas privadas) para revisar la pertinencia de sus normas internas y alinearlas con el marco constitucional vigente. El objetivo, señaló, es evitar que disposiciones administrativas deriven en actos discriminatorios o en restricciones indebidas a la identidad personal del alumnado.