Un perro de raza Husky murió tras permanecer 10 días amarrado, sin agua ni alimento en una vivienda del fraccionamiento Villas del Sol 2, acto catalogado como de crueldad extrema.

Al respecto, la regidora Ana Daniela García Salgado exigió justicia pronta y un castigo ejemplar para los responsables.

De acuerdo con el médico veterinario que recibió al animal, el perro estuvo más de 10 días en abandono total. En los videos conocidos se observa al perro en los huesos, sin poder moverse y emitiendo ladridos débiles pidiendo ayuda, hasta que finalmente perdió la vida. 

La intervención de la Policía Municipal ocurrió cuando el daño ya era irreversible y el animal llegó sin signos vitales a la clínica veterinaria, expuso la regidora del PRI, integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Protección Animal, y activista.

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Es inconcebible que una persona haya dejado morir así a un ser sintiente, atado en su propio patio. No fue un descuido, fue crueldad, y el argumento de no tener dinero no justifica de ninguna manera este delito, expresó la regidora.

Ana Daniela García Salgado recordó que este hecho está tipificado en el artículo 342 del Código Penal, por lo que informó que presentó un oficio formal ante la Fiscalía General del Estado, exigiendo que el caso se resuelva de manera pronta, expedita y con una sanción ejemplar, para dejar claro que el maltrato animal no es un acto menor.

Asimismo, fue enfática al señalar que la Fiscalía es responsable de graves deficiencias institucionales que persisten desde hace más de 10 años, entre ellas la falta de presupuesto y de médicos veterinarios, la inexistencia de espacios de resguardo para animales asegurados, la ausencia de instalaciones para conservar los cuerpos de animales que mueren a consecuencia del maltrato, y la falta de laboratorios o convenios certificados para pruebas especializadas.

Estas omisiones entorpecen los procesos penales, debilitan las carpetas de investigación y provocan que la carga total recaiga en asociaciones civiles, rescatistas y en CACYFE, quienes asumen la atención médica, alimenticia, el resguardo, el tiempo y los costos, sin recibir absolutamente ningún apoyo de la Fiscalía, que ni una croqueta aporta.

La ley existe desde hace más de una década. Si no hay presupuesto, estructura ni voluntad institucional, no puede haber justicia real. Y mientras tanto, los animales siguen muriendo, concluyó