El diputado local Diego Echevarría Ibarra informó que continúan los avances en la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el caso FISAMEX, aunque aún se está a la espera de una respuesta formal por parte de la fiscalía sobre el estado actual de la investigación.

El legislador explicó que recientemente se reiteró la solicitud de información mediante oficio y se dio seguimiento directo al expediente. “Estamos esperando la respuesta de la fiscal, ya lo pedimos por oficio otra vez y fuimos a moverle nuevamente al expediente para ver qué avances hemos tenido. Nos quedó de pasarnos información que se las voy a hacer llegar sobre los avances de FISAMEX”, señaló.

Echevarría Ibarra indicó que, de manera paralela, existen avances en las investigaciones que lleva la Secretaría de Anticorrupción, así como la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública. Detalló que incluso cuestionó directamente a la titular de la dependencia durante una sesión en el Pleno del Congreso, donde se le confirmó que hay procedimientos en curso. “Ahí se referencia la información que ella me envió, donde hay avances de las investigaciones y presuntos responsables tanto en la vía administrativa como en la vía penal”, puntualizó.

El diputado reveló que, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, alrededor de 13 funcionarios públicos estarían presuntamente involucrados en el caso, algunos de los cuales ya han promovido amparos. “Esto ya lleva su proceso como debe de ser”, afirmó, al tiempo que dijo confiar en la información presentada por la Secretaría de Honestidad, aun cuando parte de los datos no pueden hacerse públicos. “Alguna información no se puede hacer pública, pero los números de expedientes sí”, aclaró.

Precisó que las investigaciones incluyen a funcionarios que participaron en distintas etapas del proceso, desde la celebración y revisión del contrato, hasta su aplicación. “Incluye a funcionarios que tuvieron que ver con el contrato de FISAMEX, en su revisión y en la aplicación del mismo”, agregó.

Cabe recordar que FISAMEX fue una empresa contratada por el Gobierno del Estado de Baja California durante la administración del exgobernador Jaime Bonilla Valdez, la cual operó entre los años 2020 y 2021 con el objetivo de realizar auditorías a empresas en relación con su consumo de agua.

Estas acciones derivaron en cobros que alcanzaron aproximadamente mil 800 millones de pesos. Del total recaudado, el Estado pagó a la empresa el 20 por ciento como parte del contrato. Sin embargo, diversas empresas promovieron amparos y, tras resoluciones judiciales, el Gobierno del Estado se vio obligado a regresar la totalidad del recurso cobrado.