Mientras al interior se preparaba la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en el exterior del recinto una serie de manifestaciones ciudadanas comenzó a tomar forma desde antes del amanecer. Eran poco antes de las seis de la mañana cuando los primeros inconformes llegaron.

Las protestas reunieron a personas con demandas distintas, pero atravesadas por una misma constante, la falta de respuesta de las autoridades locales y estatales. Denuncias por despojo de predios, desapariciones forzadas, condiciones laborales de policías y problemas graves de infraestructura y salud. 

Una de las voces más visibles fue la de Erika, quien denunció haber sido despojada de un predio desde 2020 y acusó a la Fiscalía de Baja California de omisiones, irregularidades y presunta colusión. Entre lágrimas, relató que su carpeta de investigación le fue entregada incompleta y en malas condiciones, y que durante cinco años ha recorrido dependencias sin obtener una resolución. Aseguró haber recibido amenazas y haber sufrido afectaciones graves a su salud derivadas del conflicto. Su petición fue directa, que instancias federales revisen su caso y se investigue el actuar de la fiscalía.

Manuel Castro, policía retirado por discapacidad, reclamó el incumplimiento en la homologación salarial prometida desde enero, así como la precariedad de las prestaciones para los elementos de seguridad. Denunció la falta de seguro de vida digno, deficiencias en el servicio médico y el abandono en el que quedan las familias de los agentes caídos. “Lo único que pedimos son los mismos derechos que cualquier trabajador”, expresó.

Otra de los reclamos fue encabezado por María Lourdes Santana, madre de un joven desaparecido desde noviembre de 2025. Afirmó que, pese a haber entregado información clave (ubicación GPS, videos y nombres de presuntos responsables), la Fiscalía no le ha notificado avance alguno. Su reclamo se centró en el aumento de las desapariciones en el país y en lo que consideró una narrativa oficial que minimiza el problema. “Yo quiero saber dónde está mi hijo”, repitió, al señalar que la falta de resultados ha profundizado su desesperación.

También se sumó Janet Isela Ramos Martínez, quien denunció un abandono sistemático en la atención a su salud por parte de instituciones públicas. Con más de una década de gestiones sin respuesta, expuso los obstáculos para acceder a sus expedientes médicos y a tratamientos adecuados, pese a padecer una enfermedad cardíaca. Su exigencia fue el reconocimiento efectivo del derecho a la salud y a una vida digna.

Desde Playas de Tijuana, Alma Eliza Magdaleno Pérez, representante de un fraccionamiento en la zona costera, denunció un problema de contaminación ambiental que persiste desde hace años: la descarga de aguas negras en calles y playas por la falta de drenaje funcional. Señaló incumplimientos de desarrolladores inmobiliarios y la ausencia de acciones por parte de autoridades municipales y estatales. Los vecinos, explicó, recurrieron a la instancia federal ante la falta de respuesta local.

Aunque las demandas fueron diversas, todas coinciden en que sienten el abandono institucional en el municipio y en el estado, por lo que buscaban la atención de la presidenta de México. Algunos esperaban poder abordar a la presidenta a su salida; otros, al menos, que su testimonio quedara registrado ante la opinión pública.

La escena frente a la mañanera reflejó una realidad de muchos ciudadanos que, agotados por la burocracia y la falta de resultados, encuentran en la protesta su último recurso para ser escuchados.