El diputado local Diego Echevarría denunció presuntas irregularidades en la operación y asignación de camiones del transporte público en Baja California, particularmente en el uso de unidades conocidas como los camiones de la “Serie del Caribe”, y cuestionó directamente al titular del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS), Jorge Topete Gutiérrez.

El legislador explicó que el tema surgió durante gestiones para ampliar la cobertura de la ruta Orizaba–Colosio–Progreso–Nacionalista, cuando detectó que dichas unidades estaban circulando en la ruta Eje, pese a que podrían utilizarse para mejorar el servicio en otras zonas. Al solicitar explicaciones, señaló que se le informó que los camiones fueron entregados bajo una modalidad denominada “a riesgo”, figura que, aseguró, no ha podido localizar dentro de ningún supuesto legal vigente.

Echevarría detalló que, de acuerdo con la información proporcionada por el propio titular del IMOS, el gobierno estatal adquirió cada unidad con un costo aproximado de tres millones de pesos, además de cubrir el mantenimiento preventivo, estimado en 15 mil pesos mensuales por camión. Esto representa alrededor de 300 mil pesos mensuales por las 25 unidades, las cuales reciben mantenimiento en talleres de los propios concesionarios. A ello se suma que el seguro y las placas también son pagados con recursos públicos.

“El riesgo no existe”, afirmó el diputado, al señalar que incluso el ingreso por el cobro del pasaje 21 pesos, uno de los más altos del país no se destina al gobierno, sino que va directamente a los bolsillos del concesionario. “El único argumento es que el chofer lo pone el concesionario, pero el boleto no es para el gobierno ni el servicio es gratuito; todo el ingreso se queda en manos privadas”, subrayó.

Ante estas presuntas anomalías, el legislador indicó que solicitó la intervención de la Secretaría de Honestidad y la Función Pública, cuya titular aseguró inicialmente no tener conocimiento del convenio ni haber emitido opinión al respecto. No obstante, tras una petición formal, la dependencia ya inició una investigación administrativa, misma que fue confirmada mediante oficio.

Además de dicha indagatoria, Echevarría anunció que se presentará una denuncia penal contra el director del IMOS para que la Fiscalía investigue posibles delitos de peculado y daño al erario público, al considerar que existe un daño patrimonial derivado del uso de recursos públicos en beneficio de particulares.

Finalmente, el diputado recordó que tan solo en los camiones de la Serie Caribe se habrían destinado alrededor de 75 millones de pesos del presupuesto público, por lo que exigió conocer bajo qué modalidad jurídica se celebró el convenio para la operación de las 25 unidades, cada una con un valor aproximado de tres millones de pesos. “Por lo menos debe haber inhabilitaciones si se confirman estos supuestos”, concluyó.