Por segunda ocasión, la Fiscalía General del Estado no recibió una denuncia por el impedimento de acceso a instalaciones públicas, daños materiales y afectaciones operativas derivadas de las manifestaciones, presentada por el Ayuntamiento de San Quintín.

En el lugar, autoridades municipales expresaron gran preocupación, al confirmar que es la segunda ocasión en que la Fiscalía se niega a recibir la denuncia, situación que —advirtieron— vulnera el estado de derecho y coloca al Ayuntamiento en una posición de riesgo legal al impedirle cumplir con sus obligaciones formales.

Carlos Andrés Sánchez Luna, director de Asuntos Jurídicos del municipio, informó que la querella se presenta “contra quien resulte responsable”, para que sea la autoridad ministerial quien realice los actos de investigación correspondientes, mientras el Ayuntamiento cumple con el debido proceso y evita incurrir en omisiones.

El funcionario explicó que los hechos incluyen el bloqueo del ingreso del personal a laborar, cambios de chapas, daños en oficinas y restricciones para que ciudadanos realicen trámites y pagos, lo que ha generado afectaciones administrativas y financieras al gobierno municipal.

Precisó que ya existen impactos directos en áreas como Seguridad Pública, Servicios Públicos y Administración Urbana, además de procesos relacionados con permisos, liberación de vehículos y atención a contribuyentes.

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Indicó que la falta de recaudación puede derivar en dificultades para cubrir compromisos operativos, pagos a proveedores y obligaciones laborales, escenario que ya fue advertido públicamente por la alcaldía.

Sánchez Luna sostuvo que la instrucción institucional es documentar los hechos y respetar el debido proceso, ya que no actuar podría configurar responsabilidades legales para los servidores públicos, motivo por el cual se insiste en formalizar las denuncias.

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Agregó que existen reportes sobre accesos abiertos durante la noche, posibles pérdidas de documentación y material audiovisual difundido en redes sociales, información que también está siendo canalizada a sindicatura como parte de los reportes internos.

Recordó que, durante una visita reciente a la región, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda señaló que no habría acciones contra manifestantes; sin embargo, el Ayuntamiento aclaró que su comparecencia ante la Fiscalía responde exclusivamente al cumplimiento de sus responsabilidades legales.