María Guadalupe Beltrán Rocha asumió la presidencia de Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) sección Ensenada y presentó un plan de trabajo estructurado en tres ejes operativos: capacitación certificada, fortalecimiento del marco legal y uso estratégico de información territorial para transparentar el mercado.

Durante su mensaje, explicó que el primer eje es la formación técnica obligatoria. Detalló que los integrantes deben acumular puntos periódicos mediante certificaciones presenciales y virtuales en materias como fiscalidad inmobiliaria, protección patrimonial, cumplimiento legal, inglés aplicado a negociación, técnicas de venta, estrategias de inversión, remodelación con crédito y cierre de operaciones. 

Subrayó que el esquema abandona el modelo del “vendedor generalista” para transitar a asesorías especializadas por segmento —habitacional, industrial, comercial o inversión— con derivación interna de clientes según el perfil del proyecto.

Como parte de esta estrategia, anunció el fortalecimiento del Grupo Jóvenes AMPI, integrado por nuevos perfiles que se incorporan a la asociación para formarse desde cero bajo estándares profesionales. El objetivo es crear un semillero permanente de asesores certificados y evitar prácticas improvisadas que hoy persisten fuera del gremio organizado.

El segundo eje se centra en el marco jurídico. Beltrán confirmó que AMPI impulsa, junto con abogados y la federación estatal, una reforma a la Ley Inmobiliaria para que deje de regular únicamente al profesional afiliado y alcance a toda la actividad inmobiliaria. Explicó que actualmente el sector formal enfrenta crecientes obligaciones federales y fiscales, mientras una parte del mercado opera sin regulación. La propuesta incluye reglamento, mecanismos de supervisión y un proceso legislativo que deberá pasar por el Congreso del Estado, para lo cual se preparan alianzas jurídicas y políticas.

Precisó que la ley vigente existe desde hace décadas, pero carece de instrumentos de aplicación efectivos. El objetivo es dotarla de capacidad operativa para reducir operaciones irregulares, establecer responsabilidades claras y dar certidumbre jurídica a compradores, vendedores e inversionistas. Reconoció que se trata de un proceso de mediano plazo que podría extenderse más de un año.

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El tercer eje apunta al uso estratégico del Sistema de Información Geográfica municipal y su integración con Catastro, Registro Público de la Propiedad y notarías. La presidenta de AMPI explicó que hoy la plataforma solo permite consultar valores catastrales y fiscales, pero no incorpora precios reales de cierre, lo que alimenta la especulación. Citó como ejemplo zonas donde, en un mismo polígono, se ofertan terrenos con diferencias de hasta diez veces entre un predio y otro sin sustento técnico.

La meta es incorporar una nueva variable que concentre valores comerciales reales derivados de operaciones inscritas, ligando folios electrónicos del Registro Público con claves catastrales. Esto permitiría consultar en tiempo casi inmediato el historial de transacciones de un predio, mediante dispositivos móviles, y ofrecer referencias objetivas al cliente. Para lograrlo, AMPI trabaja en alianzas con universidades —particularmente con estudiantes de ingeniería— y organismos de financiamiento, a fin de desarrollar el nodo tecnológico que conecte las bases de datos existentes.

Beltrán señaló que esta integración permitirá frenar distorsiones de precio, orientar decisiones de inversión y establecer parámetros verificables para avalúos comerciales. Añadió que el sistema ya cuenta con años de inversión pública, pero quedó detenido, por lo que el reto ahora es reactivarlo y articularlo entre dependencias.