El secretario de Seguridad Ciudadana del Estado, Laureano Carrillo Rodríguez, informó que se realizará una revisión integral de las escoltas asignadas a funcionarios públicos en Baja California, a través de análisis de riesgo que determinarán si continúa o no la necesidad de brindar protección.

El funcionario recordó que, tras la modificación del artículo 34 de la Ley Federal de Armas y Explosivos, quedó prohibido otorgar seguridad a personas particulares, como empresarios, situación que derivó el año pasado en el retiro de 43 agentes que se encontraban en esa condición. Sin embargo, aclaró que la ley sí permite brindar protección a servidores públicos cuando exista una amenaza o riesgo derivado de sus funciones.

Carrillo Rodríguez explicó que cada solicitud de escolta debe estar respaldada por un análisis de riesgo, documento que tiene valor jurídico y cuya elaboración es obligatoria conforme a la ley. Este estudio es el que define si se mantiene o se retira la seguridad asignada.

Adelantó que se trabajará de manera específica con el Ayuntamiento de Mexicali para revisar estos dictámenes y que los resultados podrían estar listos en un plazo aproximado de 30 días.

Actualmente, señaló que la mayor cantidad de agentes asignados corresponde a la escolta de la gobernadora del estado, cifra que no se revelará por motivos de seguridad. En otros casos, entre algunos funcionarios cuentan con alrededor de ocho elementos, provenientes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

También precisó que existen apoyos de seguridad a funcionarios de municipios como Tecate, Rosarito y San Quintín, y que estas asignaciones no son permanentes, sino sujetas a revisiones periódicas conforme a la vigencia del riesgo detectado.

Finalmente, el secretario subrayó que, en el caso de los policías estatales, ya se comprobó que persiste la necesidad de protección, mientras que con los elementos de la Fiscalía y policías municipales se volverán a realizar los análisis correspondientes para confirmar o retirar las escoltas.