A varios años de la declaratoria de alerta de género en Baja California, el acceso efectivo a la justicia para mujeres víctimas de violencia familiar continúa dependiendo no solo de la denuncia penal, sino de que las afectadas den un paso adicional: demandar en materia familiar.

El juez especializado en violencia familiar contra la mujer, Francisco Alberto Molina Hernández, explicó que el modelo actual busca acelerar los procedimientos. Una vez que la Fiscalía integra la carpeta y el caso llega al juzgado, si el agresor es vinculado a proceso, la víctima puede, en la misma vía, promover asuntos relacionados con custodia, convivencia y pensión alimenticia.

El juzgado, creado el 28 de octubre de 2024, concentra competencia penal y ciertos aspectos familiares para evitar que las mujeres enfrenten procesos paralelos en distintas instancias. Sin embargo, en la práctica, uno de los principales obstáculos ha sido que muchas víctimas no presentan la demanda correspondiente.

“Nos atoramos con las demandas”, reconoció el juzgador al explicar que, aunque se les informa de su derecho y se les notifica formalmente, no siempre avanzan en esa etapa.

El esquema pretende que, idealmente, la vinculación a proceso y la solicitud de medidas familiares se tramiten casi de manera inmediata, reduciendo tiempos y desgaste emocional. No obstante, la agilidad institucional depende de que las víctimas, en medio de un contexto complejo, decidan activar todos los mecanismos legales disponibles.