Integrantes de la Comisión de Justicia del Congreso local aprobaron por unanimidad tres proyectos de reforma enfocados en fortalecer la protección a víctimas de trata de personas, niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas con discapacidad.

Durante la sesión encabezada por la diputada Norma Angélica Peñaloza Escobedo, se avaló una modificación a la Ley para Prevenir y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas en Baja California, con el objetivo de incorporar el principio de no criminalización de las víctimas como eje rector de la legislación.

La iniciativa presentada meses atrás por la diputada Dunnia Montserrat Murillo López establece que las personas afectadas por estos delitos no podrán ser tratadas como responsables de conductas derivadas de su condición de víctimas. Este principio se suma a otros ya contemplados en la norma, como la máxima protección, el interés superior de la infancia, la reparación integral del daño y la no revictimización.

Asimismo, se aprobó una reforma al artículo 147 del Código Penal del Estado para ampliar la protección en casos de homicidio y lesiones calificadas, extendiendo el rango de tutela a personas menores de 18 años y a quienes viven con alguna discapacidad. La propuesta fue impulsada por las diputadas Michelle Tejeda Medina y Adriana Padilla Mendoza.

En la misma sesión, se dio luz verde a cambios en el artículo 143 TER del Código Penal estatal para precisar los supuestos de violencia química contra las mujeres y reforzar la obligación del Ministerio Público de actuar con perspectiva de género. La iniciativa fue promovida por la diputada Evelyn Sánchez.

Con esta reforma se establece que, en los casos de violencia química, la Fiscalía deberá coordinarse con las autoridades correspondientes para aplicar de inmediato las medidas de protección contempladas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el estado.

Las tres propuestas fueron aprobadas con seis votos a favor, sin posicionamientos en contra ni abstenciones, y ahora seguirán su curso legislativo para su eventual discusión ante el Pleno.