En Baja California, donde las cifras de violencia contra las mujeres se mantienen entre las más altas del país, organizaciones civiles han puesto el foco en una práctica que, aunque prohibida en el papel, carece de consecuencias penales claras: las uniones forzadas de niñas, niños y adolescentes.

La Red de Mujeres Unidas por Baja California impulsa una reforma para tipificar estas uniones como delito y armonizar la legislación estatal con el Código Penal Federal. La propuesta plantea además que el delito sea imprescriptible, de modo que las víctimas puedan denunciar incluso después de alcanzar la mayoría de edad.

De acuerdo con sus promotoras, el supuesto “consentimiento” de una persona menor de edad no puede considerarse válido desde el punto de vista jurídico, al no existir condiciones para una decisión libre e informada. Recuerdan que la edad mínima para contraer matrimonio en el estado ya está fijada en 18 años, pero advierten que en la práctica persisten uniones informales dentro de entornos familiares y comunitarios.

La iniciativa, respaldada por más de 8,000 firmas ciudadanas y presentada ante el Congreso local con acompañamiento de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, surge en un contexto de cuestionamientos a la actuación de fiscalías, señaladas por integrar deficientemente investigaciones y judicializar pocos casos