Diversas organizaciones de abogados en Baja California manifestaron su preocupación por los daños registrados en instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) y juzgados familiares durante la marcha del 8 de marzo en Tijuana, y solicitaron a las autoridades investigar los hechos y sancionar a las personas responsables.

La Federación Estatal de Barras, Colegios y Asociaciones de Abogados de Baja California (FEDABO) pidió que se realicen las indagatorias correspondientes para identificar a quienes participaron en los actos vandálicos y que se les aplique la ley. El organismo señaló que durante la movilización se ocasionaron afectaciones en oficinas de la fiscalía y en los juzgados séptimo y octavo familiar.

De acuerdo con su posicionamiento, los daños también alcanzaron expedientes relacionados con solicitudes de órdenes de restricción, pensiones alimenticias y procesos de adopción. La federación advirtió que algunos de estos documentos fueron destruidos, lo que podría impedir que ciertos procedimientos legales se ejecuten o continúen, situación que podría impactar directamente a mujeres, niñas y niños que dependen de esas resoluciones.

Asimismo, indicaron que la pérdida de documentos originales podría provocar que algunas carpetas de investigación no puedan avanzar, debido a que ciertos registros serían difíciles o imposibles de reconstruir.

Por separado, la Barra de Abogadas Lic. María Sandoval de Zarco también emitió un pronunciamiento en el que rechazó cualquier forma de violencia y los daños ocasionados a instalaciones, mobiliario y archivos institucionales durante las manifestaciones realizadas el 8 de marzo en la ciudad.

El colectivo señaló que, si bien comprenden el dolor, la indignación y la frustración que muchas mujeres expresan frente a la violencia y la falta de justicia, la destrucción de edificios y expedientes no contribuye al acceso a la justicia y puede afectar procesos legales de personas que también esperan una resolución.

En su posicionamiento, las abogadas advirtieron que la destrucción de archivos puede afectar directamente los derechos de quienes tienen procedimientos en curso, incluidos casos de violencia familiar u otros procesos que requieren seguimiento judicial.

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También señalaron que en México persisten altos niveles de impunidad, cercanos al 98 por ciento, y recordaron que Tijuana se encuentra entre las ciudades con mayores índices de violencia y feminicidios, lo que ha generado un profundo descontento social.

Ante este panorama, hicieron un llamado a las autoridades para que investiguen los hechos ocurridos durante la movilización y actúen con apego a la ley, además de reforzar el trabajo institucional para combatir la impunidad y atender de manera efectiva a las víctimas.

Hasta ahora, las autoridades no han informado si existe una investigación formal en curso por los daños registrados durante la protesta.