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Peculado, uso ilícito de atribuciones y abuso de autoridad, son los delitos que le adjudican a Jaime N

CALI - BAJA

24-03-2026


Foto: Miguel Santiago/Baja News

Foto: Miguel Santiago/Baja News

Redacción BajaNewsMx
Miguel Santiago| BajaNews
Publicado: 24-03-2026 14:54:39 PDT
Actualizado: 24-03-2026 14:56:50 PDT

Gobierno de Baja California advierte posible daño millonario por proyecto que nunca se concretó

El exgobernador de Baja California, Jaime N, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en tres delitos relacionados con la firma de un contrato para la construcción de una planta fotovoltaica que no se materializó.

 

@mxbajanews

“Ahora resulta que se rasgan las vestiduras y dicen que es un tema político” 👀 La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda aseguró que la vinculación a proceso del exmandatario Jaime Bonilla no tiene tintes políticos.Señaló que el caso responde a la protección de los recursos de los bajacalifornianos y afirmó que, de haber sido político, “se hubiese llevado de otra manera”. Además, destacó que Bonilla podrá enfrentar el proceso en libertad y que hay otras 9 personas señaladas en la investigación. #BajaCalifornia #JaimeBonilla #MarinaDelPilar #Política #Justicia #Noticias

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De acuerdo con el consejero jurídico estatal, Juan José Pon Méndez, un juez determinó imputarle los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y abuso de autoridad, además de fijar una garantía económica de 100 mil pesos y un plazo de seis meses para la investigación complementaria.

 

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El caso gira en torno a un contrato plurianual derivado de una convocatoria emitida en 2020, cuyo objetivo era la construcción de un centro de generación de energía solar. Sin embargo, el funcionario aseguró que, pese a que la obra no se concretó, el Estado enfrentaba obligaciones de pago.

 


Pon Méndez sostuvo que, de no haberse impugnado el acuerdo, Baja California habría desembolsado más de 6 mil millones de pesos, incluso sin recibir energía. Añadió que recientemente se evitó un pago adicional superior a 3 mil 700 millones de pesos tras una resolución judicial favorable frente a reclamos de la banca involucrada.

 

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También señaló que, en su momento, la Secretaría de Energía federal advirtió que los estados no tenían competencia para licitar este tipo de proyectos, lo que no impidió la firma del contrato.