En medio de manifestaciones de jubilados y pensionados, el Congreso del Estado aprobó con 20 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones, el respaldo a la reforma constitucional federal que busca poner un tope de 70 mil pesos mensuales a las llamadas “pensiones doradas” de exfuncionarios públicos.

La modificación al artículo 127 de la Constitución, avalada previamente por la Cámara de Diputados y el Senado, establece que ninguna pensión podrá exceder la mitad de la remuneración de la Presidencia de la República. La medida impactaría a más de 6 mil jubilados de organismos como CFE, Pemex, Nacional Financiera y la extinta Luz y Fuerza del Centro, con un ahorro estimado superior a los 5 mil millones de pesos anuales.

Durante la sesión ordinaria de la XXV Legislatura, diputados locales coincidieron en respaldar el objetivo de fondo de la reforma, enfocado en eliminar privilegios excesivos; sin embargo, advirtieron la necesidad de generar mecanismos que garanticen la protección de trabajadores jubilados que no encajan en el esquema de “pensiones doradas”.

En el exterior e interior del recinto legislativo, grupos de jubilados de CFE, Pemex y del magisterio se manifestaron para expresar su preocupación ante posibles afectaciones, particularmente por el tema de la retroactividad en la aplicación de la reforma.

La diputada Michel Sánchez Allende señaló que, tras dialogar con docentes jubilados, se buscó establecer comunicación con autoridades federales para aclarar el alcance de la reforma.

“Entendemos que la tendencia nacional es avanzar en este sentido, pero en Baja California la situación es distinta. No queremos afectar a las bases ni violentar derechos de quienes ya aportaron toda una vida. Debe existir una garantía clara”, expresó.

Por su parte, la diputada Santa Alejandrina Corral advirtió sobre riesgos legales en la aplicación de la reforma.

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 “Una ley no puede ser retroactiva para dañar a las familias. Se requiere certidumbre jurídica; la dignidad del retiro no puede depender de decisiones políticas ni de porcentajes arbitrarios”, afirmó.

En tanto, el diputado Jorge Ramos manifestó su preocupación por la incertidumbre que enfrentan los trabajadores retirados, subrayando que las pensiones son producto del esfuerzo y aportaciones de los empleados.

“No se trata de dádivas. Son derechos adquiridos tras años de trabajo. Es injusto generar intranquilidad en adultos mayores cuando deberíamos garantizarles estabilidad”, indicó.

Los legisladores adelantaron que impulsarán un punto de acuerdo para salvaguardar a los jubilados que podrían verse afectados, mientras que el análisis de los alcances específicos de la reforma se trasladará a las leyes secundarias.

La reforma fue turnada a los congresos locales del país para su ratificación final, en un proceso que ha generado debate nacional por sus posibles implicaciones legales y sociales.

Los votos en contra de la reforma fueron por parte de los diputados, Juan Diego Echevarria, Santa Alejandrina Corral, María Yolanda Gaona y Yohana Gilvaja.