Con el objetivo de reforzar la protección a las mujeres y evitar posibles casos de impunidad, la diputada Teresita del Niño Jesús Ruiz Mendoza presentó una iniciativa para reformar el Código Penal de Baja California, enfocada en que personas extranjeras sentenciadas por delitos de violencia enfrenten también consecuencias en materia migratoria.

La propuesta establece que, una vez emitida una sentencia condenatoria por delitos como violencia familiar, violencia de género, abuso sexual, violación o feminicidio en grado de tentativa, las autoridades judiciales deberán notificar de manera inmediata al Instituto Nacional de Migración (INM).

Además, se contempla el envío de una copia certificada de la resolución, así como la obligación de colaborar con las autoridades federales en caso de que requieran información adicional sobre el caso.

La legisladora señaló que esta medida busca evitar que agresores encuentren protección en el estado, al tiempo que se activa un mecanismo de coordinación entre instancias estatales y federales.

También subrayó que, aunque la expulsión de personas extranjeras es facultad del Ejecutivo federal, las autoridades locales pueden contribuir notificando casos que ameriten la revisión del estatus migratorio.

Finalmente, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia del Congreso local, donde será analizada antes de su posible aprobación.