La entrega de un predio a la organización civil “La Casita Unión Trans” marcó este lunes un paso relevante para la comunidad trans en Tijuana, luego de años de gestión y trabajo comunitario en un contexto atravesado por la discriminación y la violencia.

El espacio, otorgado por el Ayuntamiento, busca consolidarse como un centro de atención para personas trans y de la diversidad sexual, muchas de ellas provenientes no solo de Baja California, sino de distintos puntos del país e incluso del extranjero, quienes han encontrado en este colectivo un punto de apoyo ante escenarios adversos.

Durante el acto, la regidora Magaly Ronquillo señaló que la organización ha servido como refugio para mujeres que enfrentan exclusión familiar y social. Recordó incluso episodios que ilustran esa realidad, como una posada navideña en la que varias asistentes reconocieron que ese sería su único festejo, tras haber sido rechazadas por sus familias.

Más allá del simbolismo, el nuevo espacio abre la posibilidad de ampliar servicios que el colectivo ha brindado durante más de seis años, como acompañamiento en salud mental, asesoría en procesos de identidad, así como apoyo para acceso a empleo y vivienda.

La fundadora de la organización, Susana Barrales, destacó que contar con un lugar propio representa una meta largamente perseguida. “Siempre existió la necesidad de tener un espacio seguro para la comunidad trans”, explicó, al subrayar que el proyecto no solo busca atender a esta población, sino también ofrecer herramientas informativas a familias interesadas en comprender mejor la diversidad de género.

Aunque no precisó el número de beneficiarios, aseguró que se trata de una población amplia y en crecimiento. Además, adelantó que continuarán las actividades públicas, como foros y talleres, enfocados en visibilización y educación.

Desde el gobierno municipal, autoridades reconocieron el trabajo del colectivo y enmarcaron la entrega del predio como parte de una agenda de inclusión. Sin embargo, activistas han insistido en que estos avances deben acompañarse de políticas sostenidas que garanticen derechos y reduzcan las brechas que enfrenta la comunidad en ámbitos como el laboral y el acceso a servicios.

Si bien durante el acto el alcalde Ismael Burgueño respaldó la iniciativa y la enmarcó como parte de una agenda de inclusión, activistas advierten que estos avances deberán sostenerse en políticas públicas constantes que garanticen derechos y reduzcan las brechas que enfrenta la comunidad.