La construcción de segundos pisos en Tijuana es técnicamente posible en zonas con saturación vehicular crónica, aunque especialistas advirtieron que estos proyectos requieren análisis rigurosos de costo-beneficio y una discusión abierta con la ciudadanía, además de complementarse con sistemas de transporte masivo.

El presidente del Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana (Cictac), Francisco Javier Franco Casas, señaló que ya se tienen identificados varios puntos donde podrían desarrollarse entre cinco y seis estructuras elevadas para aliviar la carga vehicular en la ciudad.

Entre los tramos más presionados mencionó Playas de Tijuana, la bajada del aeropuerto por el bulevar Cuauhtémoc hasta la zona de Flamingos, el nodo vial de la 5 y 10, así como la Vía Rápida Oriente. A estos se suma el bulevar Terán Terán, donde, dijo, los congestionamientos son constantes en horas pico, mientras que la Vía Rápida presenta saturación prácticamente durante todo el día.

Franco Casas subrayó que, aunque cualquier obra es factible desde el punto de vista técnico, intervenir en una ciudad ya consolidada implica mayores costos, por lo que insistió en la necesidad de planificar con visión de largo plazo. En ese sentido, comparó a Tijuana con urbes como Ciudad de México y San Diego, donde se han implementado sistemas de transporte masivo para movilizar grandes volúmenes de población.

El especialista consideró que alternativas como un metro, tren o sistema elevado permitirían reducir de forma significativa los tiempos de traslado. Como ejemplo, estimó que un recorrido del Centro hacia El Florido podría realizarse en alrededor de 15 minutos bajo un esquema de movilidad eficiente.

Por su parte, el vicepresidente del Cictac, Roberto Sánchez Martínez, explicó que existen distintos mecanismos para financiar obras de esta magnitud. Entre ellos, mencionó acuerdos con propietarios de grandes extensiones de terreno (particularmente en el corredor de La Presa hacia Rosarito), quienes han participado en esquemas de intercambio que contemplan la construcción de infraestructura a cambio de plusvalía.

También refirió los modelos de concesión público-privada, en los que empresas invierten en la edificación de vialidades elevadas y recuperan los recursos mediante cobros a lo largo de periodos que pueden extenderse entre 30 y 40 años, además de la posibilidad de recurrir a financiamiento federal, como ocurrió con el Viaducto Elevado recientemente puesto en operación en la ciudad.

En paralelo, en días recientes se observó maquinaria pesada en las inmediaciones de la 5 y 10, lo que reavivó las especulaciones sobre nuevas obras. Al respecto, el secretario general de Gobierno de Baja California indicó que será la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda quien fije una postura oficial en los próximos días.