Integrantes del Colegio de Abogados de Tijuana advirtieron que el nuevo acuerdo emitido por el Poder Judicial del estado podría impactar directamente en el acceso a la justicia, al encarecer los servicios legales en materia familiar.

El posicionamiento surge tras la publicación del Acuerdo General 7/2026, el cual establece como requisito contar con especialidad, maestría o doctorado para litigar asuntos relacionados con niñas, niños y adolescentes.

Durante una conferencia de prensa, representantes del gremio señalaron que esta medida reduciría el número de abogados que pueden llevar este tipo de casos, lo que podría derivar en un aumento en los costos de representación legal para los ciudadanos.

Indicaron que, de mantenerse el acuerdo, situaciones como pensiones alimenticias, convivencias familiares o custodia podrían verse afectadas, al existir menos opciones de defensa para quienes requieren atención jurídica.

Además, advirtieron que este escenario ya se presentó anteriormente con la implementación del sistema penal, donde la falta de abogados certificados generó saturación y retrasos en los procesos, afectando principalmente a los usuarios del sistema de justicia.

Los abogados también señalaron que el requisito podría dejar fuera a profesionistas con años de experiencia en materia familiar, al privilegiar grados académicos por encima de la práctica en litigio.

Asimismo, cuestionaron la legalidad del acuerdo, al considerar que el Poder Judicial excede sus facultades, ya que dicho requisito no está contemplado en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

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Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades a reconsiderar la medida, al advertir que podría generar desigualdad en el acceso a la justicia y afectar principalmente a las familias que dependen de estos procesos.