Los recientes anuncios del Gobierno de Baja California sobre la construcción de nuevas vialidades en Tijuana han generado más dudas que certezas entre autoridades locales y ciudadanía, especialmente por tratarse de proyectos que contemplan el cobro por su uso.

De acuerdo con declaraciones de la regidora Gina Arana, presidenta de la Comisión de Vialidad y Movilidad Urbana del Ayuntamiento, ni siquiera al interior del gobierno municipal se han presentado formalmente los proyectos ejecutivos.

La edil señaló que fue a través de medios de comunicación que conoció los planes estatales, entre ellos la vialidad presentada recientemente como “Sube-T”, así como intervenciones en el bulevar 2000, conocido por su alta carga vehicular. Ambas rutas, según lo difundido, operarían bajo un esquema de cobro, aunque sin precisar tarifas ni condiciones.

La falta de claridad alcanza aspectos clave como el costo total de las obras, las fechas concretas de inicio y conclusión, así como el impacto en la movilidad durante su construcción. 

Arana subrayó que, de existir proyectos ejecutivos, estos deberían hacerse públicos para permitir a la ciudadanía comprender el alcance real de las obras y sus implicaciones económicas. También cuestionó el momento en que se presentan, al considerar que este tipo de iniciativas debieron impulsarse desde el inicio de la administración estatal y no en su etapa final.

Mientras tanto, el gobierno estatal ha señalado que algunas de estas vialidades podrían concluir hacia finales de 2027.