La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que avala la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear cuentas bancarias sin orden judicial generó preocupación en el sector empresarial.

De acuerdo con representantes del sector, la medida permite a la autoridad financiera congelar recursos cuando existan sospechas de origen ilícito, lo que ha encendido alertas sobre su posible aplicación en distintos contextos.

El presidente estatal del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Octavio Sandoval López, calificó la resolución como un retroceso en materia de derechos.

“Es un verdadero retroceso. Una autoridad administrativa se convierte en juez y determina si una persona cometió una infracción de esta naturaleza”, expresó.

El líder empresarial señaló que esta disposición podría afectar principios como la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el debido proceso, al obligar a los afectados a demostrar ante la misma autoridad que no existen elementos en su contra.

Asimismo, consideró que este tipo de facultades deberían corresponder al ámbito judicial y no a una instancia administrativa.

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Sandoval López recordó que anteriormente esta medida se aplicaba principalmente en casos relacionados con delincuencia organizada o de carácter internacional, por lo que advirtió que su posible ampliación podría tener implicaciones más amplias.

Finalmente, indicó que los procesos para el desbloqueo de cuentas pueden resultar complejos, lo que podría generar afectaciones operativas tanto para empresas como para personas físicas.